El Fiscal General ante la Cámara Federal de Mar del Plata, Dr. Daniel Eduardo Adler, dictaminó favorablemente al director operativo del Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas, Gustavo Vera, en el recurso de apelación contra la resolución del juez federal Alfredo López, quien había resuelto rechazar el amparo presentado para que se decrete la inconstitucionalidad de la ordenanza que crea una “zona roja” en el municipio del partido de General Pueyrredón.

El fiscal opinó, luego de un pormenorizado análisis de la normativa vigente, que el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas ha sido investido con autonomía y facultades suficientes para tutelar la afectación de derechos de unos de los grupos más vulnerables y perseguidos. En ese sentido expresó: “Quién más capacitado entonces para hacer efectiva la tutela de este grupo postergado, que el organismo que el Estado Nacional ha creado con conocimientos específicos en la materia y que con su accionar pretende prevenir este tipo de delitos, además de resguardar la intimidad de todos los integrantes del colectivo afectado”. Para concluir, sostuvo que cuando se denuncian situaciones vinculadas a la tutela de derechos humanos no resulta acertado que el acceso a la Justicia se limite por formalismos extremos que constituyen un verdadero exceso ritual, lo que resultaría violatorio de los más elementales principios constitucionales y contrario a innumerables pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema.

Cabe recordar que la acción de amparo se interpone contra la ordenanza que dispone “regular la oferta y demanda de servicios sexuales" en la vía pública marplatense. La cuestionada ordenanza establece una zona predeterminada para que se ejerza la prostitución en la vía pública, la denominada “Zona Roja”, y permite la aplicación de multas e incluso la privación de la libertad a quienes no cumplan con la delimitación.

Gustavo Vera sostiene en su presentación que la cuestionada ordenanza Municipal es contraria a derecho y que afecta a los derechos humanos más fundamentales que se encuentran amparados por convenciones internacionales, muchas de las cuales detentan rango constitucional. Además, sostiene que un Municipio no puede echar por tierra todos los tratados internacionales, las leyes nacionales y la política de Estado para combatir la trata de personas en sus diferentes modalidades, persiguiendo y castigando a uno de los grupos sociales más vulnerables, que la mayoría de las veces terminan siendo víctimas de explotación por terceros.

El titular del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas manifestó su asombro porque ya transcurridos casi 5 meses de la presentación del amparo, se siguen discutiendo cuestiones procesales, mientras la ordenanza ya se encuentra afectando los derechos humanos de este colectivo social. Su expectativa es que la Justicia Federal de Mar del Plata haga lugar a la cautelar peticionada a la mayor brevedad posible, y decrete la inconstitucionalidad de la ordenanza que, según sostiene, solo atrasa a los argentinos en el camino de la defensa de los derechos humanos.