En el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, junto con su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, disertó en el evento paralelo La Ola Verde en América Latina: lecciones aprendidas y desafíos para proteger el acceso al aborto seguro en el marco del enfoque de la sociedad de cuidados en la región.

“Es un orgullo enorme poder formar parte de esta mesa donde se está trabajando en acuerdos y consensos para seguir ampliando derechos, y sobre todo para que esos derechos sean accesibles a cada una de las mujeres de nuestra región”, comenzó señalando la titular de la cartera sanitaria nacional, quien compartió la experiencia y el recorrido que hizo nuestro país para lograr la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar.

“Fue una construcción colectiva, con la lucha en la calle y el gran trabajo de las organizaciones feministas”, recordó Vizzotti, quien destacó a su vez la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con este marco regulatorio. “La sanción contó obviamente con la voluntad política de una gestión y de un Presidente que fundamentalmente comprendió, escuchó y se comprometió a cumplir con una demanda que había arrancado hace mucho tiempo y que en los últimos años se convirtió en marea verde”,explicó.

La ministra también informó que durante el año pasado se reportaron 73.487 interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema público de mientras que en el primer semestre de este año ya se llevan contabilizadas más de 34 mil de forma segura.

“Tenemos que disminuir las brechas de desigualdad territorial en el acceso al aborto”, afirmó Vizzotti, al tiempo que remarcó la importancia de “seguir ampliando los servicios de salud y los equipos que garantizan este tipo de prácticas. Antes que se dictara la norma había 900 centros de salud que trabajaban en favorecer el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. El año pasado se incrementó a 1340 y actualmente ya estamos llegando a los 1800 centros”.

La ministra destacó, además, la producción pública de Misoprostol del laboratorio “LIF”de Santa Fe, “Profarse” de Río Negro y “Puntanos” de San Luis, estos dos últimos para distribución provincial. “Además estamos trabajando para incorporar la Mifepristona. El Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF) de la provincia de Santa Fe está avanzando para tener producción pública de este medicamento para el 2023 y uno de los objetivos es poder escalar la producción para poder exportar y favorecer el acceso a toda la región”, adelantó.

Por último, la ministra puso en valor el trabajo conjunto con el Consejo Federal de Salud (COFESA), con la sociedad civil, con las sociedades científicas y con todos los subsectores del sistema de salud para seguir generando acciones para ampliar derechos. “Estos derechos conquistados hay que defenderlos todos los días. Sepan que vamos a estar poniendo el cuerpo y vamos a seguir trabajando desde el lugar que nos toque para que el pañuelo verde esté en cada rincón de nuestro país y de la región, y que este derecho sea cada vez más accesible a todas las personas con capacidad de gestar”, cerró.

Por su parte, Mazzina señaló que “una sociedad del cuidado es una sociedad que cuida la salud sexual reproductiva y no reproductiva de todas las personas”. En ese sentido, indicó que “el acceso al aborto seguro cuida la vida de miles de niñas, mujeres y las diversidades”.

Además, la ministra aseguró que “gracias a la marea verde y a la voluntad política del Gobierno hoy el aborto seguro es ley”, y planteó que “el desafío es seguir trabajando, organizaciones y Estado para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en cada centro de salud del país.

El panel fue moderado por la CEO de Fos Feminista, Giselle Carino; y la directora Ejecutiva Amnistía Internacional, Mariela Belski. También participaron la directora del Instituto Nacional de las Mujeres de México, Nadine Gassman; y la ministra de Igualdad de España, Irene Montero.

Posteriormente se dio un intercambio con representantes de la sociedad civil del que participaron la fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, e impulsora de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina, Marta Alanis; la médica máster en Investigación social en salud y Doctora en Bioética, Ética aplicada y Salud Colectiva y pionera del movimiento Causa Justa en Colombia, Ana Cristina González Vélez; la directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y co-directora de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) de Argentina, Natalia Gherardi; la coordinadora de Alianzas e Incidencia, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y Sombrilla Centroamericana de El Salvador, Sara García; y la abogada y oficial de Incidencia Política Profamilia de República Dominicana, Indiana Jiménez.

Por parte del Ministerio de Salud de la Nación también estuvieron presentes la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado; y la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla.