“La violencia laboral contra las mujeres es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral” (artículo 6°, inciso c de la Ley Nacional 26.485).

Este marco normativo orienta muchos de los postulados que construyen el plan de Trabajo 2020-2024 de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Prácticas Responsables del CoFeFuP, que -entre otras acciones- promueve la implementación de estrategias para el cumplimiento de los derechos a la igualdad de oportunidades y trato dentro de la actividad laboral de las administraciones públicas.

Para lograr ese cometido se ha propuesto recopilar y analizar en tres grupos de trabajo distintos los protocolos y prácticas de actuación existentes en las administraciones públicas de nuestro país en materia de prevención y asistencia en casos de: acoso sexual y/o violencia laboral, consumos problemáticos y seguridad laboral e higiene en el marco de la emergencia Covid 19.

El grupo de la comisión que se dedica a compilar y examinar las prácticas y los protocolos referidos a violencia laboral organiza –desde principios del mes de septiembre- las agendas de sus reuniones en torno al relato por parte de sus principales actores de distintas experiencias provinciales y a la reflexión conjunta de cada experiencia presentada, de la que se extraen enseñanzas y conclusiones. Así, hasta la fecha se han examinado los plexos normativos y las prácticas vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Chaco.

La reunión del 21 de septiembre se estructuró en tres segmentos:

1. Protocolo de actuación para casos de violencia por razones de género en el ámbito laboral de la administración pública de la provincia de Río Negro. Por María Leticia Gonzalez, Secretaría de Derechos Humanos

2. Prácticas de actuación en casos de violencia laboral por razones de género en la provincia de Santa Cruz. Por Jessica Montiel, Secretaria de Estado de Empleo y Relaciones Laborales.

3. Pautas orientadoras para la redacción de una “Guía federal para el abordaje de la violencia de género en el ámbito laboral de la administración pública de la República Argentina”.

Las exhaustivas exposiciones de las experiencias de las dos provincias mencionadas permitieron precisar cuestiones claves, como por ejemplo y entre otras:

• Entorno de actuación.
• Marco normativo de protección.
• Principios de interpretación.
• Conceptos aclaratorios basados en la normativa vigente.
• Consecuencias de la violencia de género en el trabajo.
• Ventajas de la aplicación de los protocolos.
• Procedimientos de aplicación.
• Procesos de protección de la víctima.
• Audiencias de conciliación.
• Procesos disciplinarios.

En uno de los espacios más ricos de la jornada, el grupo de trabajo acordó la pertinencia de dedicarse a la redacción de un documento que -a modo de guía práctica, sin pretensiones teóricas o rigideces conceptuales- ofrezca a las administraciones públicas provinciales un conjunto actualizado de pautas orientadoras para encauzar la problemática o bien para revisar las prácticas y normativas existentes.

Gladis Mazza, que es la Subsecretaria de Recursos Humanos de la provincia de Formosa y coordinadora de la Comisión de Igualdad Oportunidades y Prácticas Responsables del CoFeFuP, condujo la jornada a la que asistió la casi totalidad de las jurisdicciones que integran el grupo: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero. La Unidad de Coordinación del CoFeFuP estuvo representada por Carlos Pereyra, Inés Enríquez, Mabel Martínez y Carina Starkl.

El grupo de trabajo volverá a reunirse el próximo lunes 28 de septiembre para escuchar y estudiar las experiencias de las provincias de Mendoza y Santa Fe y avanzar en la definición de los contenidos de la guía de recomendaciones.