Este jueves 2 de diciembre se realizó un encuentro sobre compras y contrataciones públicas en el marco de la Mesa Nacional de Integridad. Durante la jornada se dieron a conocer resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Integridad donde fueron consultados 146 organismos sobre diferentes ejes, desarrollada en conjunto por la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público (SGyEP), con la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SiGeN).

La apertura del evento estuvo a cargo de Irma Miranda, síndica general adjunta de la Nación quien expresó que compras y contrataciones un tema prioritario de la agenda, “sabemos que tenemos el desafío de mejorar y por eso también les pedimos ayuda, porque las soluciones que tomamos en conjunto son mejores que las que se pueden tomar detrás de un escritorio”. En este sentido explicó: “Somos todos funcionarias y funcionarios con un mismo objetivo que es tener un Estado eficiente y transparente”.

Miranda también expresó: “Uno de los objetivos de este encuentro tiene que ver con algo que veníamos observando respecto a que muchos organismos, sobre todo con la gestión anterior, estaban realizando compras por fuera del marco normativo y la verdad es que queremos ayudar para que no ocurra, el primer punto es una planificación inteligente, seria, pensada, que va a minimizar el riesgo de hacer contrataciones por fuera de la normativa”.

Seguidamente, Juan Ignacio Morelli, director nacional de Integridad y Transparencia de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional compartió el primer análisis en base a los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Integridad “que tuvo como fin relevar el grado de desarrollo e implementación de políticas de integridad y transparencia en organismos de la Administración Pública Nacional y en Empresas con participación estatal”. Este primer recorte comprende las respuestas de 146 organismos y 45 empresas con participación estatal respecto al capítulo “compras y contrataciones”.

Morelli explicó que dentro del análisis cuantitativo y cualitativo pudieron detectar los puntos de “consenso en relación a las políticas y mecanismos que tuvieron los organismos”, como por ejemplo que “todas las jurisdicciones afirman contar con los recursos para cumplir con las normativas sobre contrataciones”. A su vez, el funcionario explicó que “se pudo dar cuenta de la heterogeneidad en otros aspectos”, como en los vinculados al monitoreo de proveedores, en los mecanismos para evaluar o medir eficiencia en compras y contrataciones, entre otros. Por último, Morelli explicó que “hay mucha más información” pero que era necesario “integrar y mostrar este panorama general que es un resultado provisorio que sirve para continuar la discusión”.

Más adelante, Leopoldo Giupponi, coordinador de Políticas de Integridad de la OA, expuso sobre integridad y transparencia en las compras y contrataciones del Estado. Sobre este punto indicó que hay un “deber ser, que debemos cumplir las funcionarias y los funcionarios, establecidos en la Ley y en el Código de Ética pública” y también hay “principios pensados como guías y pautas que sirven para orientar la toma de decisiones y ordenar los procedimientos que son muy útiles y oportunos”.

El funcionario de la OA hizo hincapié en la necesidad de “incorporar la perspectiva de integridad y transparencia en la gestión” y agregó que “siempre tenemos la oportunidad de atenernos al estricto cumplimiento normativo o pensar más allá y ver el sentido en las definiciones de estas políticas públicas, y tomar decisiones que trasciendan el mero cumplimiento normativo, eso se aplica en todas las áreas”. “También desde el punto de vista de las decisiones, anteponer el interés público, general, sobre cualquier interés particular, no sólo el de uno mismo sino el de terceros y partes que pueden estar interesado”, resaltó Giupponi.
Más adelante, Roberto Gilbert, titular de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) comentó sobre los desafíos en materia de compras y contrataciones públicas y apuntó a la necesidad de “mejorar los procedimientos, la normativa y los sistemas que acompañen a la normativa”. Sobre ello indicó: “Tenemos que apuntar a un rediseño de los sistemas y generar la información para transparentar la gestión de compras para todos los organismos”.

En el cierre de las exposiciones, el subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Luis Villanueva explicó: “Cuando pensamos en esta Encuesta, pensamos en hacernos de insumos. Tener una buena foto de dónde estamos a los efectos de planificar la política pública, pensarla, conversarla e implementarla”.

Sobre los resultados de la Encuesta, Villanueva contó: “nos detuvimos en uno de los puntos que tiene que ver con el legítimo abono. Tenemos que hacer todo lo posible para tratar de salir de esta práctica que muchas veces tiene justificaciones comprensibles pero muchas otras no. Y este es el terreno fértil para que sucedan casos que no tienen que suceder y que terminan en muchos casos judicializados”. También habló sobre otro aspecto que surgió de las respuestas de las encuestas: “incorporar las obligaciones en torno a políticas de integridad y transparencia de las empresas muchas veces están soslayadas. Incorporar implica conocer qué hacen a los efectos de prevenir la corrupción. Desde la Oficina venimos trabajando en el Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y entidades (RITE) el que van a tener a disposición para conocer más y mejor a quienes contratan”.