Uno de los objetivos sobre los que se proyecta avanzar con la reforma del Código Procesal Penal tiene que ver con un cambio de paradigma, reasignando los roles de los actores de la Justicia en el tratamiento de las causas. En la actualidad los jueces dirigen las investigaciones y también toman decisiones. Con el sistema acusatorio cambia esta forma de llevar a cabo el proceso y recae en los fiscales la tarea de investigar.

Concretamente, esa forma de desarrollar la investigación se llama sistema acusatorio adversarial. La denominación tiene que ver con el rol que ocupan las tres partes que intervienen: el juez, la defensa y la fiscalía.

Adversarial es, precisamente, la oposición que existe entre un defensor, que busca el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que lleva adelante la acusación.

En tanto que es acusatorio porque brinda las herramientas al Ministerio Público Fiscal para poder avanzar en la investigación y que el juez observe de forma imparcial el proceso.

El objetivo no es sacarle el lugar de investigador al magistrado para pasar a darle todo el poder a los fiscales: no se va a quitar el cartel del despacho del juez de instrucción para ponerlo en el de la fiscalía. La idea es que existan nuevas herramientas que ayuden pero que no le den un poder excesivo al fiscal. Sino sería lo mismo que en el sistema que tenemos en la actualidad.

Lo que se busca es ayudar a los fiscales para cumplir con su función y que puedan investigar sin quitarle espacio a la defensa. Que los defensores puedan acceder a toda la causa y que todos tengan pleno conocimiento de lo que pasa en el proceso.

El impulso de los fiscales a las investigaciones puede redundar en mejoras en causas con hechos que suelen ser complejos, es decir que incluyen más de un tipo penal, como sucede en el fuero federal. Cuando se investiga una organización delictiva hay más de un delito en juego.

Esa complejización de las causas torna todavía más dificultoso el camino a recorrer por los jueces que, por ejemplo, deben decidir sobre la excarcelación de un imputado a la vez que investigan su responsabilidad.

Los delitos investigados actualmente por jueces de instrucción o primera instancia con competencia federal son, precisamente, los que afectan intereses federales; son aquellos que apuntan contra “la renta y la seguridad de la Nación”. Contrabando, tráfico de drogas, evasión fiscal y lavado de dinero son algunos de ellos.

La implantación del sistema acusatorio afectaría a estos juzgados con competencia en todo el país, ya que cada provincia cuenta con sus propios códigos procesales, algunos de los cuales ya lo incluyen.