El ministro Tomada señaló que la cantidad de beneficios del sistema de protección social pasó de 16 millones en 2008 a 17,9 millones el año pasado, con lo cual las nuevas prestaciones suman casi 7 millones desde 2003 y se duplicaron desde 1997. El titular de la cartera laboral realizó estas declaraciones ayer, en una rueda de prensa en la que también participó el superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan González Gaviola.

El ministro destacó que la intención gubernamental es fijar “un piso mínimo de protección social y sostuvo que los nuevos beneficios se enfocaron en las políticas activas de empleo y formación, las políticas sociales, las jubilaciones y pensiones y las asignaciones familiares”.

Tomada precisó luego que “la inversión anual en transferencias del sistema de protección social pasó de ser una de las más bajas, en 2002, a alcanzar un máximo el último año, con un monto nominal de 87 mil millones de pesos.

Agregó que el crecimiento de las prestaciones desde 2003 se explica tanto por las mayores transferencias contributivas como por las no contributivas.

“Los principales componentes fueron la Asignación Universal por Hijo, con 3,4 millones de beneficiarios; el Programa de Inclusión Previsional, con 2,2 millones; y las asignaciones familiares de los trabajadores activos, con 1,9 millones” precisó el ministro. Asimismo, remarcó que “la protección social no es una consecuencia del crecimiento, sino una condición, y aclaró que la mayor cobertura es también “el resultado de la expansión inédita del empleo asalariado registrado.

“El sistema de protección social pasó de cubrir a un tercio de la población adulta en 1997, a cerca de la mitad en 2009, puntualizó Tomada. Dijo además que “se extendió notablemente la cobertura social sobre los dos grupos etáreos que requieren mayor protección: niños y adolescentes (de 31% en 2003 a 74% en la actualidad), y mayores de 65 años (de 63 a 98%).

Asimismo, consideró “razonable el reciente ajuste en los topes indemnizatorios para accidentes laborales, que regían desde 2001, y dijo que “lo que se buscó es establecer valores que desincentiven los juicios. “Lo que garantiza el régimen es actualizar la indemnización, y hay que recordar que no estamos hablando de números, sino de la seguridad de trabajadores que han sufrido infortunios que les causan incapacidades permanentes”.

Por su parte, el superintendente González Gaviola agregó que el aumento de alícuotas “ha venido a cubrir deficiencias estructurales de la ley que terminaron por estallar en la Justicia. “Desde 2001 los salarios aumentaron 260% promedio y todos los componentes de la ley de riesgos de trabajo se actualizaron a valores de salario (la incapacidad laboral temporaria) o de mercado (las prestaciones médicas), pero lo único que había quedado congelado era la incapacidad laboral permanente, añadió el funcionario. Esto se reflejó en el aumento de la litigiosidad y el sistema paga actualmente 1.500 millones de pesos anuales por las previsiones que se hacen por vía de los juicios que se inician, y esa suma va en aumento.

Por eso, justificó González Gaviola, “el aumento de topes indemnizatorios tiende a disminuir la litigiosidad, o por lo menos, los montos litigables."

Miércoles 3 de marzo de 2010.