Después de analizar la forma en que iba a ser implementado el Código Procesal Penal Nacional sancionado en 2014, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación consideraron que su puesta en funcionamiento debía ser postergada. Este freno sirvió para elaborar un proyecto que busca mejorar aquella iniciativa .

El exdiputado y coordinador del programa Justicia 2020, que depende del Ministerio, Ricardo Gil Lavedra, fue uno de los especialistas detrás de la nueva propuesta de cara al código que determina cómo se desarrolla el proceso penal. El letrado afirmó que los cambios previstos “apuntan a los delitos más complejos”.

El integrante de la Unión Cívica Radical (UCR) y el frente Cambiemos afirmó que este cuerpo normativo apunta “a la investigación de los delitos más complejos, que estaban insuficientemente considerados en la anterior sanción. Por este motivo se planteó agregar algunos capítulos especiales para esto”.

Algunos de esos elementos a los que hace referencia Gil Lavedra ya fueron debatidos, en parte, en el ámbito del Congreso. Otros, por su parte, aparecerán como novedosos: el agente encuebierto, el informante, la vigilancia acústica, la vigilancia de las comunicaciones, la vigilancia remota sobre equipos informáticos, y otros que también son consignados tanto en el proyecto como en sus fundamentos.

El exdiputado precisó que, en miras al traspaso de la Justicia nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la idea de pensar al Código como “Federal”, surge del hecho de que el cuerpo normativo quedará, finalmente, “circunscripto” a esta Justicia. Es decir, la legislación se adaptará “a la investigación y el juzgamiento de delitos de competencia en la Justicia Federal”, tal como se enuncia en el proyecto.

“Siempre respetamos los estándares en la materia: hemos tenido en cuenta, por ejemplo, la jurisprudencia internacional de la Corte Europea de Derechos Humanos”, explicó el abogado. También señaló que se buscó, entre otras cosas, que haya presencia del juez con las partes, de modo que se “salvaguarde” la transparencia de los acuerdos que se lleven a cabo en el proceso.

En relación a postergación de la puesta en funcionamiento la nueva normativa, el asesor de Justicia 2020 consignó que no se puede poner en funcionamiento en el corto plazo porque se requieren muchas capacitaciones para los operadores judiciales. “Un código de estas características requiere un cambio cultural”.

Por eso, añadió Gil Lavedra, se pensó una implementación “progresiva”, que permita a los miembros de la Comisión Bicameral del Congreso detectar los problemas a medida que surjan, de modo que no se expandan. Las dos provincias en las que se comenzará a aplicar el Código Procesal Penal Federal son Salta y Chubut, aunque el letrado también deslizó que Jujuy se encontraba entre las opciones.

Entre otras modificaciones, el integrante de la UCR también señaló que en la legislación aprobada en 2015 se imposibilitaba abrir investigaciones en “causas fenecidas”, salvo que fuera a favor del imputado. Este artículo podría ser removido si se aprueba la propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo.