El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, realizó el cierre de la jornada de debate “Políticas Sociales: balance de las respuestas en un escenario de emergencia”, en la que participaron como expositores el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina, Sebastián Waisgrais; la responsable de Sistemas Agroalimentarios en FAO Argentina, Elizabeth Kleiman; la investigadora del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, IaninaTuñón; y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner. El panel estuvo coordinado por la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merquel. El encuentro se realizó en la cúpula del Centro Cultural Kirchner y contó con más de un centenar de asistentes.

En este marco, Zabaleta expresó: “La situación alimentaria no está resuelta todavía y seguimos sosteniendo a esas familias, pero es importante marcar que estamos avanzando en un camino de recuperación económica y esa recuperación es de la mano de la producción y el trabajo”, además dijo que “por eso avanzamos en la ampliación y construcción de Espacios de Primera Infancia, financiamiento de unidades productivas, obras en barrios populares, Mi Pieza o Mejor Barrio, para construir playones multideportivos”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Información Social Estratégica de la Unidad Gabinete de Asesores, se trabaja constantemente en generar información social relevante alrededor de diferentes aspectos de las políticas públicas para hacer un balance de las políticas de emergencia que permita repensar, orientar y mejorar sus resultados en el escenario post-pandemia.

De esta manera, los estudios realizados tanto por la UNICEF, la FAO y la UCA coinciden en destacar el alcance positivo de la Tarjeta Alimentar para garantizar la seguridad alimentaria durante los momentos más complicados de la pandemia, a la vez que proponen la necesidad de profundizar el camino de la asistencia contemplando la calidad de los alimentos que se consumen.

Vale remarcar que, en promedio, las familias destinan el 22,7% de los ingresos al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, pero en los hogares de menores ingresos este porcentaje asciende a 34,5% (encuesta de gasto de hogares 2017 – 2018). En ese marco, la población que presentaba inseguridad alimentaria moderada o grave era de 32,2% en el trienio 2016-2018, incrementándose entre 2017-2019 a un 35,8%.

Por eso, se implementó la Prestación Alimentar, instrumento de política pública clave para garantizar el acceso a los alimentos de las familias en situación de vulnerabilidad y especialmente de los hogares con niños y niñas hasta 14 años de edad. Esta prestación alimentaria alcanzó durante 2021 a 4.082.796 niñas y niños de 0 a 14 años con una inversión anual de 190.000 millones de pesos.