Con el objetivo de promover un “Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet”, el Consejo Económico y Social (CES) coordinó la realización de cinco ediciones del “Foro abierto sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación”, en cinco regiones del país (Norte, Centro, Cuyo, Sur y Bonaerense). El último encuentro se realizó de manera virtual este sábado 6 de noviembre, a partir de las 10.

Las palabras iniciales las dio Francisco Jure, uno de los responsables de los encuentros, quien manifestó la voluntad del Consejo Económico y Social de avanzar en un “pacto tecnológico-humanista como respuesta a la revolución digital que estamos viviendo. Un gran acuerdo nacional que sirva para generar entornos digitales más amigables y respetuosos de la dignidad de las personas”. Jure remarcó también que “resulta necesario y urgente avanzar en propuestas de este tipo, en grandes acuerdos estratégicos que den lugar a políticas públicas para impulsar el desarrollo”.

Por su parte, Marita Carballo, consejera y ex presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas manifestó que esta iniciativa surge a partir de la adhesión de la Argentina al Pacto por la Información y la Democracia y que los encuentros fueron “verdaderamente fructíferos a lo largo y lo ancho de todo el país y sirvieron para fortalecer el contenido del acuerdo”.

Este encuentro del 6 de noviembre fue el último de un total de cinco que se llevaron a cabo en las distintas regiones del país, entre octubre y noviembre, en el marco del programa “Redes para el bien común”, A lo largo de todo el proceso participaron más de 600 personas representantes de más de 40 universidades y 25 organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la temática. Estudiantes, docentes, investigadores/as, comunicadores/as sociales y periodistas, organizaciones sociales, funcionarios/as y público en general intercambiaron ideas a partir de una dinámica de los encuentros que constituyó una verdadera innovación en materia de participación ciudadana.

Todos los participantes recibieron un texto borrador que fue redactado con el apoyo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
El documento sugiere compromisos que podrían adoptar los distintos actores intervinientes en conversaciones digitales: políticos y funcionarios públicos, empresas digitales y de medios de comunicación, periodistas, autoridades electorales y empresas verificadoras de contenido.

Todos los aportes serán sistematizados para la redacción definitiva del “Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet”, que pretende ser el puntapié inicial de un conjunto de acciones contra las expresiones de odio, la desinformación y las noticias falsas que se propagan a través de la Web y al que podrán adherir las partes correspondientes.

¿Qué es “Redes para el bien común”?

El foro se enmarca en el programa “Redes para el bien común”, una iniciativa impulsada por el CES que aborda los múltiples desafíos del ejercicio de la ciudadanía en tiempos de internet. Tiene como objetivo facilitar la incorporación de ideas innovadoras para ponerlas al servicio del desarrollo humano integral, mitigar la propagación de noticias falsas, la desinformación y los discursos de odio a través de la participación de la sociedad civil, bajo la premisa de un debate abierto, democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Redes para el bien común trabaja sobre cuatro ejes: el conocimiento profundo del escenario digital actual; la construcción de consensos amplios sobre buenas prácticas en Internet; el establecimiento de acuerdos y compromisos entre múltiples sectores de la sociedad civil en torno a esos consensos; y la consolidación de un espacio de especialistas desde donde pensar, de modo amplio y colectivo, los desafíos de este tiempo.

Un compromiso global

La implementación de este programa se inscribe en una serie de iniciativas internacionales con las que se busca alertar y construir acuerdos en torno a la difusión de fake news y discursos de odio. Entre los antecedentes, se encuentra el Código de buenas prácticas contra la desinformación, impulsado por la Unión Europea y firmado por las principales plataformas de internet; la ley de lucha contra la propagación de información falsa y la manipulación de la información durante las campañas electorales, sancionada en Francia; y la Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada en contextos electorales, redactada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como antecedentes de estas acciones, el Consejo Económico y Social había organizado el foro internacional “Atrapados en la red” y la publicación del documento “Noticias falsas y discursos de odio como amenazas a la convivencia democrática”