Con la declaración de seis testigos, este jueves finalizaron las dos jornadas del juicio por la verdad de la Masacre de Napalpí que se desarrollaron en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA. Luego de las dos audiencias realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, el debate por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra miembros de las comunidades Qom y Moqoit en 1924 se trasladará nuevamente a Resistencia, donde el próximo 19 de mayo comenzarán los alegatos.

Las audiencias estuvieron presididas por la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger y participaron la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia y las querellas de Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco y el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH).

Este jueves prestaron declaración testimonial Silvina Turner, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); Eugenio Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y los investigadores e investigadoras de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena, Valeria Mapelman, Héctor Trinchero, Mariano Nagy y Diana Lenton.

El martes declararon otros ocho expertos y expertas: Marcelo Musante, Nicolás Iñigo Carrera, Jorge Ubertalli, Lena Dávila, Alejandro Covello, Carlos Salamanca, Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaulo.

Los testimonios realizaron aportes sobre el funcionamiento de la reducción de Napalpí y su objetivo disciplinador hacia las comunidades indígenas de la zona, que eran explotadas como mano de obra. Evidenciaron, además, que las condiciones laborales y de vida en la reducción llevaron a protestas que fueron brutalmente reprimidas el 19 de julio de 1924 por más de un centenar de policías, gendarmes y colonos.

Las declaraciones se refirieron también al carácter genocida de los crímenes perpetrados contra las comunidades, que fueron previamente planificados por el Estado y luego ocultados y silenciados para garantizar la impunidad.

“Este hecho ha dejado una cicatriz importante en el pueblo del Chaco y en la memoria de los pueblos originarios y esa cicatriz no ha sido borrada hasta el presente. El Estado no ha hecho nada y este ha sido un crimen de Estado. La masacre de Napalpí no es un conflicto del pasado, es un conflicto que sigue vivo y el Estado tiene una deuda; esclarecer la verdad de lo sucedido”, explicó el ex ministro de la Corte Suprema en su testimonio.

De las dos audiencias participaron representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así como miembros de comunidades indígenas y agrupaciones de derechos humanos.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acompaña la realización de este juicio como parte del proceso de reconocimiento del genocidio cometido contra los pueblos originarios y la búsqueda de reparación a las víctimas, sus familias y comunidades. Así, prestó activa colaboración para la celebración de estas dos jornadas en el Centro Cultural Haroldo Conti y el secretario Horacio Pietragalla Corti acompañó a las víctimas y familiares en la primera audiencia del debate.

La Secretaría elaboró también un informe histórico que presentó en la causa que reconstruye el proceso represivo y la responsabilidad de fuerzas represivas, agentes judiciales y funcionarios en los hechos y en el encubrimiento posterior. El investigador Alejandro Jasinski, autor del informe, declaró como testigo en este juicio semanas atrás.