Este martes 17 de octubre se presentó, ante la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, un proyecto de ley de inclusión laboral para víctimas de trata, que dispone un cupo laboral para las mismas, así como instancias de capacitación, campañas de difusión masiva y un registro de empleos disponibles.

El acto fue presidido por la diputada autora del proyecto, Natalia Sánchez Jáuregui, así como por el secretario general de UATRE, José Voytenco, y por el director operativo del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, Gustavo Vera. Participaron también de la presentación autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia, del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, concejales del interior de la provincia de Buenos Aires; y representantes de la CGT, como Pablo Flores, secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP); Marta Graña, secretaria de Relaciones Institucionales de UATRE; Sebastian Cañete, secretario de Deporte y Capacitación de UATRE; Jerónimo Pérez, director de RENATRE por UATRE y secretario de Organización de UATRE; y Ariel Piancatelli, delegado de UATRE Bahía Blanca.

El proyecto plantea “crear el programa de inclusión laboral de las personas víctimas del delito de trata y explotación de personas en todas sus formas, de acuerdo a lo previsto en la Ley N.º 26364 y sus modificatorias destinados a las personas que residen en forma permanente en el territorio de la Provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, dispone que “cuando sea el Estado Provincial quien contrate a las personas contempladas en el artículo 1º, el organismo provincial que los emplee, contará con un cupo de hasta el uno por ciento (1%) del total del personal, para ser cubierto, en cualquiera de las modalidades que asume la relación de empleo público.

Cabe destacar que la falta de antecedentes laborales y educativos de las personas beneficiarias “no será un impedimento para acceder a los derechos que reconoce la presente Ley”, ya que el Ejecutivo Provincial, por intermedio del organismo de competencia en la materia y sus órganos dependientes deberán garantizar la capacitación laboral obligatoria y remunerada de las personas aspirantes a cualquier puesto laboral requerido por los mismos.

El Ejecutivo Provincial deberá garantizar también campañas de difusión masivas del plan de inserción laboral, tanto en medios radiales, televisivos, y redes sociales, como en la vía pública, “convocando para las mismas a las organización que luchan por este derecho y a la comunidad educativa”.

Se plantea además la creación de un registro de trabajo disponible, tanto en el ámbito público como privado, el resguardo de la intimidad y confidencialidad de la información.

Cabe destacar que ya son 3 las provincias que han promulgado similares leyes de inclusión laboral (Catamarca, Chaco, y Salta). El proyecto presentado en la provincia de Buenos Aires se suma a otros 5 que ya se encuentran en estado parlamentario en las provincias de Jujuy, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén y Tucumán, como parte de una política pública de restitución de derechos impulsada por el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata en todo el país, con un amplio sentido participativo y federal.