Con el acento puesto en la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, el superintendente de Riesgos del Trabajo, Enrique Cossio, y el ministro de Trabajo de Río Negro, Jorge Stopiello, rubricaron el acuerdo que establece una agenda de trabajo conjunto. Durante el encuentro, también estuvo presente el gerente general de la SRT, Marcelo Domínguez.

Al igual que en otras oportunidades, Cossio destacó el diálogo social entre los actores del sistema de riesgos y la importancia de acordar estrategias federales para la elaboración de Programas, Manuales de Buenas Prácticas y normativas, destinadas a fortalecer el sistema productivo, cuidando la salud de las personas trabajadoras en todo el territorio nacional.

Tal como lo expresa la segunda cláusula del convenio, el objeto del mismo es “el mejoramiento permanente de la calidad del empleo a través de la ejecución de acciones de fiscalización tendientes a verificar las condiciones y medio ambiente de trabajo, promover la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y cumplir con los deberes y obligaciones en materia preventiva”, en consonancia con las Leyes 19.587, 24.557 y 27.348 y la normativa complementaria vigente.

De esta manera, en el articulado del convenio se establecen metas cuantitativas y cualitativas, alineadas con los programas de prevención y reducción de siniestralidad establecidos por la SRT, criterios unificados para la carga de actas y la investigación de accidentes graves o mortales, mecanismos ágiles para el intercambio de información y la disposición de aportar recursos humanos y materiales para el cumplimiento de los compromisos establecidos con la ATL.

Tanto el organismo de control como la provincia patagónica consensuaron criterios de inspección unificados a través del uso de la aplicación Acta Digital Única (ADU), que simplifica los procesos de trabajo y permite la vinculación con distintas bases de datos, mejorando la gestión del acto inspectivo y las estrategias de gobierno electrónico establecidas en el Decreto 378/05.

Estos acuerdos de cooperación mutua forman parte y son producto del diálogo social entre los actores del sistema de riesgos del trabajo, lo que es clave para llevar adelante políticas que dinamicen el esquema productivo.