La Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal se reunió nuevamente en Ministerio de Justicia, para avanzar en la tipificación de una importante agravante para la comercialización del paco. También se debatió la inclusión de una exención en la punibilidad de las fuerzas de seguridad que causen lesiones o una muerte en el marco de la lucha contra la inseguridad.

Mariano Borinsky, presidente de la Comisión, destacó que en relación al narcotráfico, y en respuesta a los aportes que se reciben de la sociedad en la plataforma Justicia 2020, “se incluyó una agravante específica para la comercialización, la distribución, y el tráfico de un estupefaciente especialmente dañino para la sectores más vulnerables como es el paco (pasta base de cocaína). En estos casos el mínimo de la pena “se elevará a seis años y podrá llegar a veinte”.

En atención a la importancia que la Comisión da al tema de la seguridad, Borinsky remarcó que “se decidió incorporar una exención de responsabilidad penal a la punibilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, que provoquen lesiones o la muerte de una persona durante el cumplimiento de sus deberes y con el uso de las armas en forma reglamentaria”.

Sobre el seguimiento socio judicial

Los especialistas recibieron ayer a Matías Bagnato, sobreviviente del incendio intencional en el que asesinaron a toda su familia. Bagnato resaltó “la importancia del cambio de paradigma en la reciente aprobación de la ley de víctimas”. Y solicitó “a pesar de saber que los cambios no pueden ser retroactivos, algún seguimiento posterior al agotamiento de la condena en casos gravísimos como el de mis padres, mis hermanos, y mi amigo”.

Sobre este tema el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos González Guerra, le adelantó que el anteproyecto prevé para casos gravísimos un “seguimiento socio judicial obligatorio posterior a la condena, y reiterado que podrá llegar a durar hasta diez años”.

Financiación de los partidos políticos

La Comisión también comenzó a discutir la mejor tipificación de los delitos electorales y a debatir acerca de los delitos que se dan en el marco de la financiación de los partidos políticos.

La Comisión está presidida por Borinsky, acompañado por González Guerra. También la integran el fiscal Pablo Nicolás Turano, el camarista Carlos Alberto Mahiques, la jueza Patricia Marcela Llerena, el procurador general de Salta, Pablo López Viñals, el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer.

También la conforman los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.