De la reunión que se llevó adelante en la Casa Rosada participaron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; la subsecretaria de Protección de Derechos Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, y funcionarios de distintas áreas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la ANSES, la SIGEN y el Ministerio de Economía.

Este encuentro se suma a otras iniciativas que viene impulsando la Secretaría de Derechos Humanos para mejorar los tiempos de respuesta del Estado en la reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

“Somos conscientes de que existe una deuda histórica con las víctimas que le están reclamando al Estado la reparación que por ley les corresponde”, señaló Pietragalla. Asimismo, destacó que “esta reunión demuestra que una de las prioridades de gestión de este gobierno es poder brindar una respuesta en tiempo y forma, y por eso estamos haciendo un gran esfuerzo junto a las demás áreas involucradas para agilizar las tramitaciones”.

En esa línea, hace dos semanas el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, resolvió declarar como personal esencial a los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos.

De esta manera, la declaración de trabajo esencial en la gestión de las leyes reparatorias apunta a resolver el caudal de expedientes demorados luego de cuatro años de inacción, sumados al año de pandemia. Si bien la Dirección nunca interrumpió su trabajo, al no estar incluida en las actividades declaradas esenciales, debió adaptarse a las disposiciones de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio que rigieron para la administración pública en general. En consecuencia, hasta el momento, los trabajadores y trabajadoras de la Dirección desarrollaron sus tareas con modalidad de tele trabajo y mediante turnos presenciales que aseguraron guardias mínimas, sin atención al público.

Al mismo tiempo, con el objetivo de cumplir con los protocolos sanitarios vigentes y garantizar condiciones edilicias adecuadas para los trabajadores y trabajadoras, el secretario dispuso mudar las oficinas de la Dirección de Políticas Reparatorias al edificio del Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en la ex ESMA.