El Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios de Integridad Pública (SPIO) promueve el diseño e implementación de políticas de integridad y anticorrupción que apoyen la buena gobernanza pública. También, refuerza los valores como la credibilidad y la capacidad de las instituciones que participan en la elaboración de políticas y las condiciones subyacentes que configuran el proceso de elaboración de políticas. La República Argentina, representada por la Oficina Anticorrupción (OA), participa como miembro adherente a la “Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública”.

La sesión, realizada el 4 de mayo, comenzó con el debate sobre la integridad y la lucha contra la corrupción durante y después de COVID-19, donde algunos países presentaron e intercambiaron sus experiencias y resultados logrados. Se analizaron los esfuerzos concretos que se están llevando a cabo para prevenir la corrupción en el contexto de pandemia, y también se discutió cómo anticiparse a la creciente demanda de integridad que se espera.

El encuentro dedicó además un espacio de debate sobre las herramientas innovadoras para aplicar la integridad pública. Estas herramientas y los recursos digitales fueron señalados como fundamentales para ayudar a los profesionales y a los responsables políticos a gestionar los retos de la gobernanza y lograr la integridad en la práctica.

La reunión incluyó un panel donde se presentó el primer conjunto de datos recogidos para los indicadores de integridad pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la calidad de las estrategias de integridad y anticorrupción. Este trabajo permitió poner a prueba este nuevo indicador y conocer los enfoques de los distintos países sobre el desarrollo y la aplicación de estrategias a través de datos objetivos. La Directora de Relaciones Institucionales de la OA compartió la experiencia argentina en el proyecto de indicadores de integridad liderada por la Oficina y cómo resultó de gran relevancia para el trabajo desarrollado en vías al diseño de la futura Estrategia Nacional de Integridad.

En el último panel se debatió sobre los principales riesgos derivados de los regímenes de residencia y ciudadanía para inversores y se identificaron las ideas preliminares para mejorar la debida diligencia en torno a ellos.

Para finalizar, la Secretaría OCDE presentó las principales actividades en los próximos meses.