El primer trimestre mostró una variación del gasto primario, impulsado principalmente por el gasto de capital, y un sendero de ingresos crecientes. La consolidación de una recuperación heterogénea pero sostenida durante el inicio del año ha permitido reforzar las finanzas públicas, permitiendo cerrar progresivamente la diferencia entre ingresos y gastos.

La comparación de los resultados fiscales tanto en ingresos como en gastos comienzan a verse afectados por una base de comparación que incluye el inicio de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el año 2020. En el caso de los ingresos es posible observar que los primeros 14 días del mes de marzo respecto a los mismos días que 2020, muestran una recuperación sostenida. En el caso de los gastos, computando el efecto neto de los programas propios de asistencia a familias y empresas en el marco del ASPO, se registra un incremento real de los mismos, lo que resulta compatible con el esfuerzo fiscal expansivo que se considera necesario para poder apoyar el proceso de recuperación.

El Sector Público Nacional (SPN) registró en marzo un déficit primario de $74.466 millones. El pago de intereses, neto de intra-sector público, fue de $42.595 millones, resultando en un déficit financiero de $117.061 millones. Así, el primer trimestre arrojó un resultado financiero deficitario en $184.408 millones (-0,5% del PBI), el más bajo de los últimos seis años, producto en parte de la reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera llevada a cabo en el año 2020.

En el periodo de referencia, los ingresos totales del SPN ascendieron a $560.576 millones (+64,1% i.a.). Los ingresos tributarios crecieron 98,0% i.a., resaltando dos factores que explican su aceleración. En primer lugar, la baja base de comparación por el impacto negativo del ASPO en la recaudación 2020; por otra parte, la contribución de los tributos del comercio exterior asociados a la actividad económica en 2021.

El ASPO afectó la base de comparación tanto de los recursos como de los gastos. Por ello, resulta adecuado comparar la evolución de los ingresos tributarios respecto a los días previos a su entrada en vigencia. En los primeros 14 días hábiles de marzo 2021, los ingresos tributarios del SPN crecían 48,1% i.a., suba que representa un 3,8% i.a. en términos reales.

Por su parte, el impulso de los términos de intercambio se ve reforzado por los ingresos derivados de las mayores compras externas que responden a la actividad económica. En marzo, el crecimiento de derechos de exportación fue de ñ154,4% i.a. en tanto que los derechos de importación y tasa estadística crecieron +114% i.a.

Los aportes y contribuciones a la seguridad social aumentaron 34,5% i.a, exhibiendo la mayor suba nominal en 12 meses. Así, se acumulan tres meses consecutivos de aceleración, dando cuenta de una recuperación gradual de los salarios y el empleo. A su vez, no debe soslayarse el impacto de la reducción de alícuotas de contribuciones patronales para el sector de la Salud; si se computa la pérdida de ingreso estimada correspondiente a la medida, se registrarían más de 2 puntos adicionales al crecimiento (37% i.a).

En lo relativo a los recursos de capital, la caída se explica por lo dispuesto en la Ley N° 27.574, que estipula la suspensión del financiamiento a la ANSES por parte del FGS para hacer frente a las erogaciones del programa de Reparación Histórica.

Previo al análisis de las erogaciones, corresponde realizar una aclaración. Las medidas de asistencia y contención de las familias y empresas asociadas a la administración de la pandemia (gasto COVID) implicaron pagos extraordinarios en marzo del 2020 que aumentan la base de comparación. Esto puede conducir a interpretaciones inexactas sobre el sendero real del gasto 2021. Por consiguiente, se calcula para los grandes conceptos las variaciones porcentuales descontando este efecto.

Dicho esto, el gasto corriente registró una suba de 29,8% i.a., que asciende a alrededor de 44,3% i.a. si se excluye el gasto COVID de la base 2020. Los pagos de intereses crecieron +$1.019 millones respecto a igual mes de 2020 (+2,4% i.a.), como resultado de la reestructuración de deuda; en ausencia del acuerdo alcanzado con los bonistas, el incremento se hubiese situado en torno a los +$24.000 millones.

Las transferencias corrientes se incrementaron +$53.328 millones (+29,6% i.a. y +69,3% neto de gastos COVID en 2020). Aquéllas con destino al sector privado subieron +$60.695 millones. En este universo destacan las erogaciones del Ministerio de Desarrollo Social en concepto de los programas Potenciar Trabajo (+$14.532 millones, +210% i.a.) y Políticas Alimentarias (+$3.648 millones, +48,7% i.a.), y la asistencia en materia de subsidios energéticos a CAMMESA; (+$9.000 millones; +42,9% i.a.) y el programa Plan Gas (+$6.184 millones).

Por su parte, las erogaciones por prestaciones de la seguridad social ascendieron a $247.060 millones (+28,7% y 30,0% i.a. neto de gastos COVID en 2020). El aumento en el pago de jubilaciones y pensiones contributivas se explica esencialmente por el impacto de la movilidad en las prestaciones de ANSES.

Las transferencias corrientes al sector público presentan una variación negativa de $7.347 millones (-14,6% i.a.) motivado por el adelanto del pago de salarios a Universidades correspondientes al mes de abril a marzo de 2020, lo que afectó la base de comparación. En cuanto a las transferencias a provincias (+$900,4 millones; +4,1% i.a.), se destacan aquellas con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el cumplimiento de lo estipulado en la Ley Nº 27.606 (+$2.041 millones).

En lo que respecta a gastos de consumo y operación (+43,5% i.a y +68,5% i.a neto de gastos COVID), se destaca el incremento de bienes y servicios (+129,7%. i.a.) asociado en su mayoría a la adquisición de vacunas, bajo el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles (+$6.239,9 millones).

Por último, el gasto de capital fue el principal impulsor del gasto primario, registrando una suba de +$23.639 millones (+142,4% i.a.). Esta dinámica se explica por el incremento de la inversión de empresas públicas, además de mayores transferencias de capital a las provincias. Respecto a estas, se destacan la asistencia otorgada para el desarrollo de infraestructura para el saneamiento que realiza ENOHSA (+$2.961 millones), las transferencias para el sector Educación (+$1.745 millones), transferencias por $1.603 millones otorgadas al Min. de Obras Públicas y erogaciones correspondientes al desarrollo de viviendas (+$1.874 millones) en el marco del programa “Producción Integral y acceso al Hábitat”.