Se trata de Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, integrantes del consejo directivo de La Fronterita, investigados como presuntos cómplices de secuestros, torturas, abuso sexual, violación sexual y homicidio.

Los empresarios están acusados por delitos cometidos contra 68 personas, en su mayoría trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de sus colonias, de las cuales 11 permanecen desaparecidas.

En la causa se logró determinar que a partir del Operativo Independencia se instaló en el predio propiedad de la empresa una base militar y allí funcionó un centro clandestino de detención. Esto se sumó a vehículos e información aportados por la empresa a la represión ilegal.

En mayo de 2019 el juzgado federal de Tucumán dictó falta de mérito en favor de los imputados, desvinculándolos de los hechos cometidos, y en julio de 2020 esa resolución fue confirmada por la Cámara Federal de Tucumán.

El fiscal federal Pablo Camuña y la querella de ANDHES interpusieron entonces un recurso de casación que permitió que en diciembre de 2020 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocara esa decisión y abriera el camino para este procesamiento.

La Secretaría de Derechos Humanos tiene entre sus prioridades darle impulso y profundizar las investigaciones por responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad en todo el país. Por ello, en 2020 decidió presentarse como querellante en esta causa.

El caso del ingenio La Fronterita también formó parte del informe ‘Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad’ realizado en 2015 por la Secretaría, junto a CELS y FLACSO, que fue un insumo central en la investigación de estos hechos.

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