La justicia federal de Tucumán dio por concluida la etapa de instrucción por los crímenes cometidos en el ingenio La Fronterita durante la última dictadura cívico-militar y la causa quedó a un paso de su elevación a juicio oral. Así lo habían solicitado las querellas, entre las que se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Están acusados 4 ex directivos del ingenio: Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, por delitos cometidos contra 68 personas, en su mayoría trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de sus colonias.

En la causa se logró determinar que a partir del Operativo Independencia se instaló en el predio propiedad de la empresa una base militar y que allí funcionó un centro clandestino de detención. También se acreditó el aporte de vehículos e información a la represión ilegal.

El caso del ingenio La Fronterita fue investigado en el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” realizado en 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos junto al CELS y FLACSO, que fue un insumo central en la investigación de estos hechos.

El expediente por los hechos en La Fronterita estuvo varios años paralizado. En mayo de 2019 el juzgado federal de Tucumán dictó la falta de mérito en favor de los imputados, resolución luego confirmada en julio de 2020 por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

La fiscalía y la querella de ANDHES interpusieron en ese momento un recurso de casación que permitió que en diciembre de 2020 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocara esa decisión y abriera el camino para el avance de la causa.

El 31 de agosto de 2021 la Cámara Federal de Tucumán revocó finalmente la falta de mérito y procesó a los 4 ex directivos. La Secretaría de Derechos Humanos consideró entonces que la etapa de instrucción estaba agotada y solicitó la continuidad del trámite para la pronta elevación a juicio.

El impulso enérgico de los juicios, en particular de aquellos que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos, es una prioridad del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad promovido por la Secretaría de Derechos Humanos.