Más de mil cien niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad de todas las edades percibieron la reparación económica con la que el Estado nacional acompaña a hijas e hijos de víctimas de femicidios, travesticidios, transfemicidios o personas fallecidas en contexto de violencia intrafamiliar o de género. Entre quienes son titulares de este derecho, la mayoría tiene entre 5 y 12 años.

El Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes (RENNYA) fue creado por la Ley 27.452, sancionada en 2018. A cuatro años de este importante avance en materia de derechos, el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), elaboraron un informe sobre los avances en la implementación de la RENNYA, en el marco de la Comisión Permanente de Seguimiento (COPESE).

“Desde que la RENNYA comenzó a implementarse, el Estado argentino destinó un total de 916,5 millones de pesos”, destacó el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, y enfatizó: “Las chicas y los chicos son víctimas directas de las violencias por motivos de género que causan el femicidio de sus madres. El Estado debe estar presente para prevenir, y cuando eso no se logra, para reparar y para acompañar a las chicas, los chicos y sus familias”.

"Cada femicidio, travesticidio y transfemicidio impacta en la vida de toda una familia y de su comunidad. Desde el Estado centramos los esfuerzos en prevenir la violencia de género, la reconocemos como un hecho público y político", sostuvo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la nación, Ayelén Mazzina, y agregó: "La Ley RENNYA es una herramienta para acompañar, reparar económicamente y propiciar que los hijos e hijas de cada víctima crezcan en un ambiente libre de violencias. Por eso es importante que se esté acortando el tiempo de tramitación y se haya aprobado el 76% de las solicitudes recibidas".

Por su parte, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, expresó: “Desde ANSES trabajamos de manera colectiva para mejorar los procesos y el acompañamiento a cada familia en la tramitación de la reparación. Desde su implementación hemos brindado más de 5000 turnos para asesoramiento, consultas o inicio de estos trámites. Tenemos el compromiso de seguir trabajando desde cada una de las unidades de atención para garantizar el acceso a este derecho”.

La publicación sistematiza el proceso de gestión de la RENNyA con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los avances logrados en la ampliación de la cobertura para titulares de esta Ley y los desafíos presentes.

El informe analiza el período entre marzo del 2019 a marzo del 2022, en el cual un total de 1.126 hijos e hijas de 590 víctimas fatales recibieron la reparación económica. A su vez, 151 titulares dejaron de percibir la reparación por alcanzar la mayoría de edad o por haber fallecido. Es decir, a marzo de este año el programa contaba con 975 titulares.

La distribución de titulares por provincias se da de la siguiente manera: Buenos Aires (400), Santa Fe (113), Córdoba (86), Mendoza (72), Entre Ríos (45), Chaco (43), Tucumán (42), Salta (40), Corrientes (38), Santiago del Estero (32), Río Negro (27), Chubut (26), CABA (25), Misiones (22), San Juan (19), Jujuy (19), Formosa (15), La Pampa (14), Neuquén (13), La Rioja (11), Santa Cruz (9), San Luis (9), Tierra del Fuego (4), Catamarca (2).

La Ley de la RENNYA surge como respuesta del Estado nacional ante una sociedad movilizada contra las violencias por motivos de género. Hoy, esta política evidencia un Estado presente, que garantiza derechos y acompaña a las infancias y adolescencias.

La Reparación es equivalente a una jubilación mínima a la cual acceden infancias y adolescencias que han perdido a su madre o padre a causa de femicidio, travesticidio, transfemicidio o han fallecido en contexto de violencia intrafamiliar y/o de género. Dicha prestación se abona hasta los 21 años y es sin límite de edad para aquellas personas que al momento del hecho acrediten una discapacidad. A su vez, la reparación estipula el acceso a una cobertura de salud del sistema universal y es compatible con el Régimen de Asignaciones Familiares y con otras pensiones.