Después de haber realizado jornadas de debate y de utilizar –también para estos fines- la plataforma Justicia 2020 para canalizar las discusiones que duraron más de dos años, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación presentó el anteproyecto de creación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

Entre otras propuestas, la iniciativa plantea un sistema de responsabilidad por escalas, de abordaje interdisciplinario –a través de profesionales como psicólogos, trabajadoras sociales, entre otros- y cumple con la normativa internacional en la materia con rango constitucional en la Argentina: la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se asientan las bases para la Justicia Penal Juvenil.

De la presentación participaron los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich. Estuvieron además el secretario de Seguridad, Santiago Otamendi; el jefe de Gabinete del ministerio, Martín Casares; el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benitez; y el coordinador de Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra. Y fueron invitados diputados y senadores de la Nación, así como funcionarios e integrantes del Poder Judicial.

“Luego de tres años de trabajo podemos presentar un proyecto moderno, acorde a la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño”, aseguró Garavano.

El ministro explicó: “Actualmente, en Argentina rige un decreto de la dictadura, por lo que no existe un sistema penal que dé respuestas adecuadas a los jóvenes. Nuestra iniciativa asegura un proceso que respete las garantías de los menores y permita que las víctimas participen activamente”.

Por eso, argumentó Garavano, el anteproyecto propone “crear una justicia especializada y restaurativa, con un abordaje multidisciplinario que dé respuesta a los jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil”.

Los puntos centrales del proyecto:

-Justicia especializada: la iniciativa plantea que los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal deben ser atendidos por jueces, fiscales, defensores, integrantes de fuerzas de seguridad y equipos interdisciplinarios especializados en la materia. Esto se logrará a través de capacitaciones acordes a los estándares internacionales, de modo que este sistema se diferencie del que trata con personas adultas. Además, los contextos de encierro también serán especializados.

-Sistema de escalas: con esta metodología, serán sometibles a un proceso penal los adolescentes de 15 años que cometan delitos que comprenden penas de 15 años de prisión o más (homicidios dolosos, violaciones, secuestros extorsivos, entre otros). Para los jóvenes de entre 16 y 18 años comenzará a aplicarse cuando cometan delitos tipificados en el Código Penal, con pena máxima de dos años de prisión.

-Mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos: el proyecto también propone una serie de medidas alternativas para resolver el problema que se plante con el niño, niña o adolescente en conflicto con la ley penal. Las medidas socioeducativas, los acuerdos restaurativos, la suspensión del juicio a prueba, la mediación y la conciliación son algunas de ellas.

-Equipo interdisciplinario: un equipo compuesto por al menos tres profesionales (profesionales de la salud, trabajadores sociales, entre otros) tendrá autonomía técnica y asistirá al juez sobre qué medida o sanción es más conveniente para el niño, niña o adolescente. Uno de estos profesionales, además, tendrá el rol de supervisor del adolescente imputado.