Con gran expectativa luego de haber sido sorteadas de entre un registro de varias ONG inscriptas, se sumaron al Consejo Federal de Lucha con trata de Personas, el Centro de Capacitación y Acción en Proyectos Sociales “Juanita Moro” (en adelante Juanita Moro), la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH), y la Asociación Red de Alerta contra el Abuso Sexual y Explotación Sexual Comercial (en adelante Red de Alerta), todas con amplia trayectoria en la lucha contra la trata de personas.

Cristina Romero, presidenta de Juanita Moro, explicó que su organización hace un trabajo fuertemente orientado a la capacitación y sensibilización y el ser parte del Consejo “nos abre un espacio muy interesante para ofrecer nuestros aportes”. Romero dijo que su organización fue pionera en encabezar la temática de la trata en su provincia (Jujuy) cuando todavía no había una ley y donde muchas de las prácticas hoy concebidas como explotación estaban naturalizadas. “Nuestro fuerte es la capacitación y la prevención y realizamos un trabajo fuertemente territorial en escuelas y en espacios públicos con mesas intersectoriales”. Romero hizo hincapié en la importancia de una detección temprana para evitar el delito y de cómo la trata “está fuertemente ligada al tema de la violencia que se agudiza en un contexto social y cultural específico”.

Por su parte, Graciela Collantes, presidenta de AMADH, una asociación conformada por mujeres que en el pasado fueron víctimas de explotación sexual, expresó no solo su alegría de haber podido sumarse al Consejo, algo que hacía tiempo deseaban, sino de la cálida recepción del resto de los integrantes que le expresaron la importancia de contar de primera mano “con la voz de las víctimas”.
“Nuestra bandera es la educación”, dijo Collantes, “porque no es casual que la gran mayoría de quienes padecen este delito sean analfabetas”. Con una fuerte presencia territorial, que incluso extendieron más allá de CABA, en provincias como Tucumán, Formosa y La Pampa, para Collantes es clave que su integración al Consejo les permita alcanzar una consistente articulación con todas las organizaciones que abordan la trata y facilitar el acompañamiento de las víctimas a través de los adecuados resortes institucionales más ágiles y claros.

En representación de Red Alerta de Entre Ríos, Ricardo Sánchez, su vicepresidente, destacó la importancia del Consejo como máximo referente para el lineamiento de las políticas públicas contra la trata, y un espacio privilegiado de intervención, dado que “muchas veces las organizaciones de la sociedad civil están en el territorio, acompañando a familiares y víctimas del delito”. Red de Alerta es una organización con jurisdiccion provincial que está conformada por mujeres y varones, en su mayoría provenientes de organizaciones civiles y gremiales que desde hace muchos años trabajan en defensa de los derechos humanos, en particular en la denuncia contra el abuso sexual, el grooming, la violencia y la explotación de personas.

Menos burocracia y mayor sensibilización

Una dificultad que atraviesan las víctimas de trata luego de salir de las redes de la explotación,, dada su situación de enorme vulnerabilidad, es una necesidad apremiante de dar solución a condiciones mínimas de subsistencia como vivienda, empleo y atención médica y psicológica, mientras que el curso de los expedientes judiciales, la infinidad de trámites y pasos administrativos hacen que la posibilidad de reinserción sea sumamente difícil y en muchos casos inalcanzable.

Un elemento común entre las diferentes organizaciones fue el de coincidir en la necesidad de un Estado más presente al momento de la asistencia y de restitución de los derechos vulnerados. “Las víctimas no tienen que ir a compás de nuestro proceso sino a la inversa” dijo Sánchez, de modo de evitar una sucesiva revictimización. A modo de ejemplo explicó cómo su organización gestiona desde noviembre un subsidio por un alquiler y todavía no tienen respuesta. Ejemplos de este tipo abundan, en cuestiones vitales como la vivienda, asistencia médica, empleo y educación, al igual que el hecho de que muchas de las organizaciones que trabajan en territorio no conocen con claridad los canales institucionales para dar curso al reclamo de las víctimas.

Para Sánchez si bien existen herramientas legales y normativas específicas sobre trata a nivel nacional e internacional, “lo que se requiere es una bajada al territorio de políticas públicas efectivas”, de modo de poder agilizar mecanismos de asistencia y difusión. “No se necesita la disposición de un convenio o una ordenanza para difundir la línea 145”, explicó.

La explotación laboral y la precarización es otro de los puntales en la lucha contra la trata. “En Jujuy que es una zona principalmente tabacalera, hay una precarización laboral enorme” explica Romero, con familias hacinadas, en condiciones insalubres, jornadas de trabajo extenuantes y pagas magras o inexistentes.

“No hay campañas masivas y permanentes en los medios de comunicación”, señaló Romero cuando es necesaria una labor contínua de educación y sensibilización, sobre todo para provincias como Jujuy y Salta, que son pasos fronterizos de altísimo tránsito con otros países. “Entre Ríos por su ubicación es un lugar de origen, tránsito y destino de víctimas de trata”, -explicó Sánchez- donde además de ser una de las rutas pricipales del del Mercosur, es zona de frontera con Uruguay y limítrofe con Santa Fe, a través del túnel subluvial, “todas zonas activas de tránsito de las redes delictivas, esto reconocido por los propios imputados”, aclaró. Por ello la importancia de la especificidad de cada realidad provincial y de una necesaria articulación federal e Inter agencial en zonas de frontera de alto riesgo.

“Qué política nos vamos a dar no solo en base al delito de trata sino también contra el proxenetismo”, se preguntó Sánchez, como uno de los primeros eslabones para la detección del delito. Tanto en Jujuy como en Entre Ríos, de acuerdo a lo que expresado por Sánchez y Romero, el cierre de los prostíbulos ha tenido una incidencia directa en la disminución de los casos de explotación sexual, sin embargo advierten no hay que bajar la guardia porque el modus operandis de estas organizaciones muta permanentemente.

“Desde el territorio necesitamos un Estado presente, y el Estado a su vez necesita de las voces de las sobrevivientes”, explicó Collantes dando cuenta de esta doble reciprocidad donde su organización cuenta con el doloroso pero indiscutido capital de la experiencia vivida, lo que hace que su aporte crucial y que muchas víctimas recurran a su organización porque se sienten especialmente comprendidas.

La violencia no prescribe

En febrero último bajo el lema “la violencia no prescribe”, la AMADH, junto un grupo de organizaciones feministas, formalizaron un pedido al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en el que se solicitan la reparación y el reconocimiento para las sobrevivientes de trata y explotación sexual, previo a la sanción de la ley. Al respecto Collantes explica que “si bien Argentina hoy ofrece un marco normativo para denunciar los delitos, discriminaciones y vulneraciones que suceden en prostitución y explotación sexual, estas leyes no tienen carácter retroactivo y muchas sobrevivientes han quedado imposibilitadas de recibir acompañamiento y de someter a juicios a sus explotadores”.

“Imagínate lo difícil que resulta para nosotras sostener esta situación cuando muchas de las necesidades que reclaman muchas de las víctimas, no las tenemos resultas nosotras”, explica Cecilia Córdoba, miembro de AMADH.

Foto encabezado: Gentileza Red de Alerta