El director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Matías Garrido, y el asesor del Consejo Federal de Derechos Humanos, Facundo Polantinos, visitaron la provincia del Neuquén para exponer ante la comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento de la Legislatura acerca de las alternativas de trabajo que existen para avanzar en la sanción del mecanismo local de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o penas crueles, Inhumanos o Degradantes.

Se trata de un compromiso internacional asumido por nuestro país que prevé la conformación de dispositivos locales, enmarcados en el cumplimiento de los objetivos del Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos presentado en diciembre de 2017.

Ese mismo mes, se constituyó en el Senado de la Nación el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, órgano rector del Sistema Nacional para la Prevención de Tortura y Otros Tratos o penas crueles, Inhumanos o Degradantes, establecido por la Ley 26.827.

Ante el presidente de la comisión, Gabriel Romero, y los diputados y diputadas Lucía Menquínez, Oscar Smoljan, Encarnación Lozano, Sergio Gallia, Raúl Godoy, María Laura du Plessis, Santiago Nogueira y Damián Canuto, Matías Garrido explicó que la herramienta consiste en un dispositivo de monitoreo, control y seguimiento de lugares de detención donde se encuentren personas privadas de libertad, tales como establecimientos penitenciarios, alcaldías, instalaciones de fuerzas de seguridad y comisarías, entre otros.

Polantinos, que a su vez está a cargo de la implementación del Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura, señaló que tanto para la conformación del Comité –que debe contar con la participación de organizaciones de la sociedad civil – como para el órgano encargado de su financiamiento se hallaron diferentes soluciones en nueve provincias en las que ya se crearon los dispositivos.

“Lo fundamental es que haya un equilibrio en su conformación y un presupuesto mínimo establecido por ley que permita la independencia y el funcionamiento del mecanismo, para que no se transforme en una norma declarativa”, indicó Polantinos.

Garrido resaltó la importancia de avanzar con convicción en la eliminación y la prevención de estás prácticas. "La tortura no puede ser justificada bajo ninguna circunstancia, ya sean guerras, amenazas o emergencias públicas. Su prohibición es absoluta, y al constituir una de las vulneraciones más graves a la dignidad e integridad de la persona, se convirtió en una norma imperativa, de ius cogens, recogida en el derecho internacional a través de tratados tanto internacionales como regionales", afirmó.

Agregó que esta normativa establece el deber ineludible y urgente de los Estados de impedir todo acto de tortura, "que no puede limitarse únicamente a la creación de leyes que lo prohíban: implica, además, el deber de investigar, juzgar y reparar actos de tortura y de tomar medidas administrativas, judiciales y de otra índole para prevenirlos".

Al término de la reunión, el presidente de la Comisión, que es autor de uno de los proyectos presentados en ese sentido, que aún cuenta con estado parlamentario, agradeció el impulso que la visita le otorga a una posibilidad cierta de avance para la sanción del mecanismo local. “Es la primera vez en ocho años que funcionarios nacionales vienen a exponer y a plantear en concreto la necesidad de creación de este mecanismo”, aseguró Romero.

Abordaje de casos y capacitación

Por la tarde, Garrido se reunió con la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Alicia Comelli, el director provincial de Derechos Humanos, Juan Menestrina, el director general de Políticas de Seguridad, Sergio Vera, y el Director General de Prevención de la Violencia, Pablo Gambero, con los que se acordó trabajar en conjunto para el dictado de capacitaciones para la Policía de la Provincia en materia de prevención de la Violencia Institucional.

Se reunió por separado además con Adelina Rivas, madre de Facundo Agüero, y su abogado Emiliano Saavedra. Agüero es un joven que se encuentra hospitalizado en un establecimiento de salud provincial tras ser víctima de abusos policiales en marzo de este año, y por los cuales hay cuatro agentes de seguridad imputados. El caso fue planteado ante el equipo del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito de la provincia, a cargo de Jorge Jamut, para acordar acciones en conjunto de asistencia y acompañamiento.

Por último, el funcionario nacional mantuvo un encuentro con las delegaciones locales del Centro de Acceso a Justicia (CAJ) y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), a cargo de las coordinadoras Sofía Rabert y Karina Rojo, respectivamente. La agenda estuvo coordinada por la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en Neuquén, María Lara Inda.