Se realizó la presentación virtual del “Informe de Seguimiento del Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Integridad en Argentina: Adoptando un enfoque estratégico para la integridad” . Este trabajo hace un análisis de los avances de Argentina relativos a la implementación de las recomendaciones emitidas originalmente en el Estudio, que fue publicado en marzo de 2019.

Una de las acciones más destacadas que se documentan en el Informe es el proceso de elaboración de una Estrategia Nacional de Integridad (ENI) que impulsó la Oficina Anticorrupción (OA) y la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional (SSFI) de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y contempló el diseño de indicadores y metodologías de evaluación.

El encuentro tuvo por objetivo compartir las experiencias de otros países latinoamericanos en la elaboración de una estrategia o política nacional de integridad, así como también las buenas prácticas en cuanto a monitoreo y definición de indicadores de desempeño. A través de sesiones interactivas y discusiones con pares de países miembros de la OCDE, el seminario proporcionó ejemplos y directrices prácticas en ese sentido.

La presentación estuvo a cargo de Jeffrey Schlagenhauf, Secretario General Adjunto de la OCDE quien expresó: “En 2019 Argentina fue uno de los seis países de un grupo de 11 que recibieron una revisión de la OCDE que no tenían una estrategia de integridad y mucho ha cambiado desde ese momento” lo que es importante para el “desarrollo de un mecanismo para evaluar las políticas de integridad”. Destacó el desarrollo de la ENI y remarcó la labor que “la Oficina Anticorrupción ha estado realizando con gobiernos subnacionales”. Para finalizar, mencionó que “Argentina ha logrado mucho en el fortalecimiento de la integridad pública, debemos utilizarlo como fuente de información para impulsar las políticas de integridad”.

En el inicio del webinar, Félix Crous, titular de la OA, comentó que “los documentos recibidos por parte de la OCDE fueron muy sustantivos para ratificar el camino de la actual gestión: estamos muy abocados en salir de la tarea del caso por caso en la investigación y el sesgo en tarea judicial para trabajar en políticas públicas”.

Luego informó que la Oficina está impulsando una reforma de la Ley de Ética Pública y que esta tarea se realizará de manera participativa, a través del trabajo conjunto con actores interesados de la sociedad civil. Finalmente, destacó la centralidad de los funcionarios públicos en la lucha contra la corrupción, pero remarcó que “la transparencia y la ética no son un fin en sí mismo, sino una herramienta para acceder a un mundo más justo”.

Posteriormente tuvo lugar el panel “Desarrollo e implementación de una estrategia/política nacional de integridad: Buenas prácticas internacionales”. En esta sección, Frederic Boehm, Especialista en Políticas de Integridad de la OCDE, contextualizó la discusión sobre los desafíos comunes en el desarrollo del enfoque estratégico recomendado en el Principio 3 de la Recomendación sobre Integridad Pública de la OCDE.

A continuación, Luis Villanueva, Subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA explicó que para poder afianzar un sistema nacional de integridad “nos propusimos enfocar en la prevención y coordinar con otros organismos públicos de control, por eso se aprobó la Mesa Nacional de Integridad”, y este sentido “trabajamos promoviendo la capilaridad de nuestras políticas públicas en articulación con otros”.

Villanueva destacó el trabajo con las y los enlaces de integridad y la creación de las áreas dentro de los organismos a través de los cuales se promueven políticas públicas. El Subsecretario también explicó que es necesario acordar sobre “qué tipo de integridad y transparencia queremos, en ese camino resolvimos incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos, y poner a disposición las herramientas para mejorar la vida de las y los argentinos”.

Luego, Beatriz de Anchorena, Subsecretaria de la SSFI destacó la decisión política de este gobierno de crear la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia, dado que así se logra “transversalizar en el modelo de gestión pública la mirada de transparencia e integridad”. Además, remarcó la necesidad de un “Estado presente, democrático, inclusivo y federal. Necesitamos una gran épica de la inclusión. Como dijo el Presidente, empezar por los últimos para llegar a todos”.

Las experiencias internacionales comenzaron con la intervención de Ricardo Salgado Perrilliat, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción de México quien expuso sobre la experiencia del país en el desarrollo de la política nacional anticorrupción. “Logramos la aprobación de la política nacional anticorrupción, el proceso que derivó en esta aprobación fue de alta complejidad y contó con la participación de diversos actores”. En México se elaboró un documento estratégico “que a partir del análisis define los grandes ejes hacia los cuales las entidades públicas y privadas deberán orientarse”, explicó el Secretario y destacó que “el tratamiento del fenómeno corrupción va más allá del enfoque punitivo”. Perrilliat también resaltó la necesidad de la articulación, como de la participación ciudadana, de la sociedad civil y empresarios.

A continuación, Armando Lopez Baltodano de la Procuraduría de la Ética de Costa Rica, explicó que en su país se está trabajando desde octubre de 2019 en una Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la corrupción. En este proceso, comentó, se siguieron las recomendaciones de las convenciones de Naciones Unidas, OEA y la propia OCDE.

En el segundo panel, “Establecimiento de indicadores de desempeño para la evaluación de la estrategia/política nacional de integridad”, Natalia Torres, Directora Nacional de Ética Pública de la OA, explicó detalladamente cómo funcionó el trabajo de recabar información sobre las distintas iniciativas de la ENI dentro del sector público. Recordó que las “iniciativas debían ser integrales, transformadoras y que contemplaran dimensiones federales, de género o derechos humanos”. Destacó además que las fichas, el sistema utilizado para organizar los datos, “nos permitió ganar potencia analítica” que facilitará el “seguimiento que podrán dar a la ENI los actores interesados”.

Posteriormente, Roberto Moreno, Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción de México, contó sobre el establecimiento de indicadores de desempeño para la evaluación de la política nacional de integridad, sobre lo que resaltó que “el control de la corrupción no necesariamente tiene que ver con una institución aislada, tenemos que ver una cadena de valor de seguimiento”.

Desde Perú, Eloy Munive, titular de la Secretaría de Integridad Pública, explicó que en su país hay una estrategia transversal de lucha contra la corrupción que abarca tanto la sanción como la prevención. “La apuesta es apoyar a los órganos de control y también lograr capacidad de prevención en cada entidad, que desarrollen estrategias propias”. También detalló el funcionamiento del índice de capacidad preventiva frente a la corrupción.