El lunes 5 de septiembre la Oficina Anticorrupción (OA) presentó los avances en la implementación del Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP). El evento se realizó con modalidad híbrida (virtual y presencial) en el Polo Científico Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.

Durante la apertura, Mario Pecheny, vicepresidente de Asuntos Científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) aseguró: "es significativo poder colaborar desde la investigación científica, en particular desde las ciencias sociales y las humanidades al relevamiento de problemas y posterior diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Es una forma de comprometernos desde nuestros saberes, experiencias y aportar a las políticas basadas en evidencias”.

Con respecto al tema de la “puerta giratoria” Pecheny aseguró: "nos afecta como investigadores e investigadoras y en nuestro carácter de funcionarias y funcionarios políticos. Es saludable a través de la tecnología poder hacer control para identificar los conflictos de interés en la participación con privados. Siempre desde la apuesta por la transparencia de los procedimientos ratificamos el compromiso del CONICET en asesorar en desarrollo de políticas públicas, no solo basadas en evidencia, sino también comprometidas con los derechos y principios éticos de un accionar democrático".

Cabe recordar que la Fundación Sadosky y la Oficina Anticorrupción suscribieron un acuerdo marco en el mes de julio de este año que contempla, entre diferentes acciones, la creación de una herramienta de verificación cruzada que detecte vínculos entre personas que poseen o representan intereses privados y personas que ejercen funciones públicas, con el fin de generar alertas tempranas de riesgos de incumplimiento legal que puedan ser evitados, mitigados o corregidos. La misma se nutrirá de información pública producida o almacenada por diversas autoridades estatales.

Luego, Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción, detalló que la herramienta MAPPAP “se encuentra en su etapa operativa y está destinada a reforzar mecanismos de control del pre y post empleo sobre la inevitable puerta giratoria. Porque lógicamente, la relación público-privada es la relación de la sociedad. De esta manera el trabajo está destinado a mirar cómo gira esa puerta y quiénes giran”. En este sentido, Crous aclaró que “hoy se habla de un nuevo paradigma de conflictos de intereses pero la normativa no preveía que se controlara ni cómo sancionar”.

Sobre la elaboración del nuevo sistema Crous explicó que “se trata de una herramienta práctica de intervención sobre la tarea de los funcionarios, con un mecanismo de carga fácil que tiene la idea de incidir sobre el funcionamiento del Estado”. Del mismo modo, destacó y agradeció la colaboración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el proceso de realización del MAPPAP desde donde se recibió un fuerte apoyo.

El bloque de apertura fue presentado y moderado por la directora nacional de Ética Pública, Natalia Torres.

El primer panel trató sobre “La prevención y el control de la puerta giratoria y la captura de decisión pública” estuvo moderado por María Cecilia Lascurain de la OA. Paula Canelo, investigadora del CONICET e integrante de la Red de Estudios Multidisciplinarios en Integridad y Corrupción (Red EMIC) realizó un recorrido conceptual sobre el vínculo entre el empresariado argentino y el Estado donde resaltó que “el sector privado tiene mucho que enseñarle al Estado, y al revés también, pero en esta relación hay matices”. En este punto, la investigadora explicó que “hay diferentes grados en los que el sector privado se vincula con el público” y apuntó a que “esta interacción contiene riesgos potenciales y es interesante pensar la idea de potencial con la idea de prevención. Sobre la herramienta, dijo que “la construcción de un marco regulatorio es importante para restituir la confianza en el Estado que nos trasciende y del mismo modo apoyar la idea de fortalecer las capacidades estatales”.

De manera virtual, Frédéric Boehm, integrante de la División de Integridad Pública de la OCDE dijo: “gestionar los conflictos de intereses está en el corazón de la prevención de la corrupción”. Boehm explicó que existe un informe sobre veinte mil empresas en 47 países que mira las conexiones políticas y contó que “son comunes pero son menos comunes cuando existen controles más rigurosos”.

Sobre el estudio de integridad que la OCDE realizó en Argentina en 2019 detalló: “encontramos que si bien existían normas para la regulación de conflictos de intereses pero eran limitadas. La Oficina Anticorrupción cumplía con una función consultiva, pero no de manera obligatoria, faltaba conciencia y orientación clara sobre los riesgos”.

Sobre MAPPAP expresó: “está yendo en el buen camino para garantizar el control del sector público de parte de los ciudadanos”. Destacó además que el nuevo sistema “está abordando estos temas que fueron parte de las recomendaciones” y agregó que “el MAPPAP está en la buena dirección sobre todo en esto de transparentar y facilitar el control por parte del sector público y de los ciudadanos”.

En el mismo panel, Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Integridad de la OA mencionó que la “Oficina es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública” y sobre este punto mencionó uno de los primeros casos en los que se trabajó al inicio de la gestión sobre conflictos de intereses. Sobre este caso, Villanueva detalló que se trataba de “la toma de renegociación de la deuda pública del 2016, una serie de funcionarios que estaban interviniendo en el proceso, aún antes de asumir habían estado haciendo gestiones a favor de renegociar positivamente esa deuda. Hacen viajes a Estados Unidos, trabajan en la vinculación con bancos, con posibles tenedores de bonos, con inversores, etc., llegan a la función pública, trabajan en el caso, toman una serie de decisiones de política pública a partir de eso y luego van asistiendo en lo que es el cumplimiento de los distintos acuerdos para el pago de la deuda. El asunto es que algunas de las personas que intervinieron , eran personas que habían estado trabajando sobre el proceso de renegociación previa a asumir el cargo y aún en los primeros días del ejercicio del cargo, en el mismo banco que hacía la colocación de la deuda”. Este hecho, contó el funcionario, “terminó en un hecho en el cual comprobamos que estas personas estaban vinculadas al banco se estaban reuniendo como si fueran funcionarios pero eran trabajadores del banco en Estados Unidos durante el proceso de la toma de deuda pública estaban trabajando como funcionarios públicos pero seguían cobrando dividendos, porque cuando se desvinculan del banco les dan acciones. Durante mucho tiempo siguió ligado al banco, el caso se denunció bastante después en la OA pero recién se resolvió unos meses antes de que se acabara esa gestión. Todo lo que había sido el ciclo de esa política pública, toma de deuda, ejecución de política pública, incluso la evaluación, y esa deuda había entrado en default. Esto se puede dar en el marco donde faltan ajustes, herramientas de control”.

De esta manera, “pensamos MAPPAP como una instancia donde podemos controlar todo el ciclo, y en cómo transparentar esa puerta giratoria que es una situación de riesgo”. En este sentido, enfatizó sobre la idea de que “hay que dotar al Estado para robustecerlo y lograr un sistema donde exista un mayor control ciudadano”.

La herramienta, contó Villanueva, “surgió de conversar con la gente, sumado a los antecedentes de casos que teníamos. Percibimos que el Estado tenía poca información de la participación anterior a la función pública. En este proceso de elaboración nos ayudó mucho la Red EMIC, el equipo del RITE lo que nos permitió incorporar diferentes miradas”. “El MAPPAP es un lugar donde nos permite tener una mirada panorámica de un fenómeno y sobre todo ver cómo hacemos que funcione para que lo use cualquier ciudadano o ciudadana para que pueda saber más, y estar en el contralor”, dijo el subsecretario.

En relación a la articulación necesaria para llevar adelante políticas de integridad y transparencia, el funcionario de la OA contó que “la primera articulación es hacia adentro del Estado. En este sentido, los y las enlaces de integridad son el motor que tiene el Estado para trabajar estos temas”. Sobre la la utilización de la plataforma, Villanueva comentó: “está claro que la Ley necesita una actualización, trabajamos en un proyecto discutido que sentó un par de acuerdos, uno es que en conflictos de interés hace falta un cambio radical, el segundo tiene que ver con la administración de la justicia, y el tercero tiene que ver con el rol de la prevención. Ha habido plena coincidencia en el rol de la Oficina, que le dio Félix cuando llegó a la función pública, que es el de la prevención, que ese sea el acuerdo nos marca la pauta del camino a seguir, si no lo usan todos y todas va a perder lo rico que tiene la herramienta”.

Por su parte, Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, quien también fue parte este panel, comentó que MAPPAP es “un recurso útil que va en el camino correcto para poder visibilizar las tensiones en la relación entre el sector público y el privado”. También explicó que “tenemos una Ley de Ética Pública del año 1999, totalmente desactualizada y que debe ser actualizada cuanto antes, saludamos la existencia de un proyecto en ese sentido por parte de la Oficina, que esperamos que el Poder Ejecutivo lo remita al Congreso y que lo trate lo antes posible. Pero claramente tenemos una Ley deficiente que se limita a una declaración de antecedentes que no regula adecuadamente lo que tiene que ver con las distintas modalidades de los conflictos de interés: reales, potenciales y aparentes. Se limita a un mecanismo de incompatibilidades muy básico”. En este sentido, remarcó que “tenemos normativa limitada que no regula adecuadamente los conflictos de intereses y por eso son necesarios estos avances para generar compromisos más robustos por parte del Estado en el abordaje de los conflictos de intereses en particular y del fenómeno de la puerta giratoria en particular”.

El último bloque del evento tuvo como eje la presentación de los avances del MAPPAP que estuvo a cargo de Leopoldo Giupponi, coordinador de Políticas de Integridad de la Oficina Anticorrupción y contó también con la moderación de María Cecilia Lascurain, de la OA.

En este marco, la exposición se organizó en base a responder algunas de las consultas frecuentes que la Oficina recibió en el último tiempo sobre el nuevo sistema. Entre otros temas, el funcionario de la OA brindó información sobre los sujetos obligados a presentar este tipo de Declaración Jurada: “implica a autoridades superiores, de subsecretarios para arriba, lo que nos pareció un corte adecuado para prevenir conflictos de intereses por su mayor grado de responsabilidad”, se trata del primer nivel de corte de esta primera etapa del sistema.

Más adelante, Giupponi contó que MAPPAP “es un sistema totalmente informatizado, donde no hay que presentar papeles como en la Declaración Jurada Patrimonial. El elemento novedoso es que hay una necesidad de actualizar información al egreso de la función pública”, dijo el funcionario, y agregó: “nos apoyamos en la difusión de una cultura de la integridad, se trata de un cambio de paradigma, pasar del estado de sospecha del funcionario a apelar a la responsabilidad de que el funcionario o funcionaria quiere rendir cuentas”.

Durante este panel, los participantes tanto de manera presencial como virtual realizaron consultas técnicas sobre la carga de los formularios que el coordinador de Políticas de Integridad de la OA fue respondiendo y agregando información.

Cabe mencionar que el Monitoreo de Actividades Públicas y Privadas Anteriores y Posteriores al Ejercicio de la Función Pública (MAPPAP) es una iniciativa cuyo objetivo es cotejar y verificar el cumplimiento de las normas pre y post empleo público. La herramienta permitirá monitorear la circulación en la ocupación de altos cargos en el sector público desde y hacia el sector privado que pudieran acarrear situaciones de conflicto de intereses u otros riesgos de incumplimiento de dichas normas.