El 21 de junio se presentó la guía de buenas prácticas "El acceso a la cuota alimentaria. El Estado presente", documento diseñado por un equipo de abogadas de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, cuyo objetivo es brindar una serie de recomendaciones para agentes públicos y organismos ante casos de incumplimiento de la obligación alimentaria.

La presentación se realizó en el Centro de Acceso a la Justicia Eva Perón, en el barrio de Once/Balvanera y estuvo encabezada por Gabriela Carpineti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia y por Sabrina Cartabia, asesora del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, quienes estuvieron acompañadas por Daniela Salguero y por Graciela Bertinotti, abogadas del CAJ Eva Perón.

Durante la presentación, Gabriela Carpineti explicó: “Las trabas de las madres no son individuales, son los obstáculos propios que el Estado no logra resolver y nuestro rol es hacer al Estado más accesible, más eficiente, más transparente y más moderno", y agregó: "Lo que intenta esta guía es identificar esas trabas para poder acompañar mejor a esas miles y miles de madres y jefas de hogar que existen en nuestro país y que no pueden lograr que se cumpla la obligación alimentaria, cuyos principales beneficiarias y beneficiarios son las infancias”.

Los datos aportados por el informe Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires: un problema estructural que profundiza las desigualdades de género, elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires en 2022, impulsaron a asumir el diagnóstico de la problemática y a construir una estrategia territorial para la atención de esta demanda invisibilizada como problema social.

En esa línea, se elaboró un protocolo que, si bien no es vinculante en términos legales, busca poder trabajar de manera conjunta el problema del incumplimiento de la obligación alimentaria y aporta un abanico de buenas prácticas sugeridas a otros organismos que conviven en la esfera de Estado, destinado a agentes públicos de organismos ejecutivos nacionales, provinciales, municipales y también a agentes del Ministerio Público Fiscal y de las Defensorías.

Desde los Centros de Acceso a la Justicia, el rol de las y los agentes ante consultas por incumplimiento de la obligación alimentaria consiste, como primera medida, en contactarse con la persona incumplidora y establecer un compromiso, como también lograr una mediación comunitaria para dar solución al problema entre las partes, evitando la vía judicial. En caso de que sea imposible establecer el contacto, se busca el patrocinio jurídico gratuito y se realiza el seguimiento del caso por tratarse de una derivación. Desde el CAJ además se acompaña a persona en el reclamo hasta que reciba la cuota de alimento.

El protocolo brinda información y una serie de recomendaciones para realizar el seguimiento y solicitar acciones concretas en la instancia legal, dado que son las juezas o jueces quienes deben decidir qué medidas se toman ante las personas que incumplen con la obligación alimentaria en cada caso.