Mariano Borinsky, presidente de la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de Reforma del Código Penal, dijo ayer que “en respuesta al constante reclamo de la población respecto a la transparencia en la financiamiento ilegal de los partidos políticos se decidió la inclusión del tema en el nuevo texto”. “Para estos delitos se prevén penas de hasta diez años de prisión, y fuertes sanciones económicas a los particulares y a las personas jurídicas que intervengan”, remarcó.

Borinsky agregó que en los casos más graves también “se impondrá una inhabilitación absoluta, la privación del derecho electoral, a los condenados por delitos electorales gravísimos y no solo como hasta ahora a los penados por atentar contra el orden constitucional y la vida democrática”.

“Cuando un funcionario público destine o permita la utilización de fondos, efectos, bienes y/o servicios con un destino distinto al legal, con el propósito de beneficiar o perjudicar a un precandidato, candidato, partido o agrupación política o cuando con el fin de ocultar la identidad de un aportante o contribuyente, o el monto del aporte o contribución lo fragmente, será severamente penado”.

Los expertos se abocaron al tratamiento de conductas como el obstaculizar el proceso electoral, detener el correo o el traslado de urnas o de padrones; el robo o daño a estas o a máquinas de votación, a dispositivos de seguridad; el robo, y o destrucción o sustitución de boletas de papel o electrónicas.

También se perfeccionaron delitos contra los electores, como cuando alguien lo reemplaza, o vota más de una vez, o sin derecho; o con engaños lleve a otra persona a sufragar de cierta forma o a no hacerlo; el delito se agravará cuando además se ofreciera dinero o ventaja patrimonial.

Además se prevén penas para quienes ingresen en los sistemas informáticos para alterar la información o robarla; como así también el diseño o transmisión de programas para bloquear los comicios o la transmisión de sus resultados, o el utilizar códigos de accesos o de control de dispositivos.

Sobre el robo de ganado

Por otra parte, la Comisión recibió a Santiago del Solar Dorrego, Nicolás Lucas y Martín Galli Basualdo en representación del Ministerio de Agroindustria, y a Agustín Medrano, por el SENASA, quienes se interiorizaron en los avances en relación a temas de su interés como el abigeato y sus condenas.

Sobre este tema el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos González Guerra, les adelantó que “el anteproyecto penará de dos a seis años el que se apoderare de una o más cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, en establecimientos rurales o en su transporte, desde el momento de su carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo las escalas que se realicen durante el trayecto”.

“La pena será de tres a ocho si fueran más de cinco las cabezas de ganado mayor o menor y se utilizare un medio motorizado para su transporte. Y de cuatro a diez cuando se alteraren marcas para la identificación, certificados de adquisición, guías de tránsito, boletos de marca o señal”, explicó el funcionario.

González Guerra informó que “esas penas incluirán a quien se dedica a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos o subproductos de origen animal o un funcionario público. En todos los casos antes previstos se impondrá también conjuntamente una multa equivalente de dos a diez veces del valor del ganado robado, y el encubrimiento tendrá una pena de seis meses a tres años”.

Los funcionarios de Agroindustria y SENASA se mostraron interesados en temas en los que hay que armonizar la protección del ambiente y el impulso al campo como la biotecnología, el desmonte, la introducción de fauna o flora exógena, la mejora genética, la utilización de agroquímicos en los suelos.