Durante el lanzamiento, además de Alonso, expusieron el representante argentino ante la OCDE, Marcelo Scaglione; y el jefe adjunto de Integridad de la OCDE, Julio Bacio Terracino. También asistieron los diputados nacionales Silvia Lospennato y Pablo Tonelli (PRO), Karina Banfi (UCR) y Alicia Ciciliani (Partido Socialista). En este marco, Alonso destacó que el Estudio “es un proceso de apoyo basado en el diálogo abierto y constante” y señaló que “nos va a plantear una hoja de ruta para corregir las políticas públicas”. Además, valoró que “hay un esfuerzo multisectorial para hacer el estudio y hablar de principios, ética, transparencia y austeridad”.

El objetivo del Estudio que hará la OCDE es apoyar al gobierno nacional en la adopción de instrumentos innovadores para promover la integridad, para lo cual requerirán de las siguientes actividades: revisión de la legislación y de las prácticas de integridad; desarrollo de las capacidades de los servidores públicos responsables de promover la integridad y el control; desarrollo de un plan de acción para las reformas propuestas en el Estudio; y evaluación del progreso del Plan de Acción. La OA será la responsable de coordinar las actividades relativas a este trabajo.

Este acuerdo se produce en un contexto en el que Argentina viene dando pasos para promover la transparencia y la integridad pública, tales como: la promulgación de una nueva Ley de Acceso a la Información Pública; la reglamentación -tras 16 años- del Régimen de Obsequios y Viajes financiados por terceros a Funcionarios Públicos; la firma de dos Decretos de Integridad en juicios contra el Estado y contrataciones públicas vinculados a altos funcionarios; la publicación en formato abierto de las declaraciones juradas de 45 mil funcionarios públicos; y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, orientado a la prevención de la corrupción y a permitir sancionar a las empresas -y no solo a las personas- que cometan delitos de corrupción.

A raíz de estos avances, el año pasado el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) realizado por Transparencia Internacional mostró que Argentina escaló 12 posiciones entre los países con menor percepción de corrupción: en 2015 se encontraba en el puesto 107, mientras que en 2016 se ubicó en el 95. Sin embargo, y pese a la mejora en la calificación, Argentina continúa por debajo del promedio regional de corrupción, lo que es uno de los factores más problemáticos para acceder a inversiones. Por eso, el apoyo de la OCDE para la realización de este Estudio de Integridad apunta a fortalecer la institucionalidad y promover la transparencia y la integridad pública como condiciones necesarias para generar puestos de trabajo y desarrollo económico.