“La ley de ética pública debe funcionar como un código de conducta para funcionarios de todos los poderes. Los Principios de Bangalore y el Código Iberoamericano de Ética Judicial son dos herramientas ineludibles a la hora de hablar de estos temas entre los magistrados, legisladores, operadores y usuarios del sistema de justicia, y funcionarios. La OCDE produjo una recomendación de integridad pública que habla de una cultura de integridad y es esta cultura la que debemos fomentar con cambios de conducta individuales y colectivos y también reforzar con reglas”, sostuvo Alonso.

Durante el encuentro, realizado los días 12 y 13 de abril, se abordó la trascendente influencia que la ética puede cumplir en el perfeccionamiento del servicio, la confiabilidad de los cuerpos que lo desarrollan y, en definitiva, en la legítima expectativa de las personas al acceso igualitario a una justicia eficiente, inclusiva y oportuna.

El evento contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti; el secretario Ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial Luis Lozano; el director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia Martín Böhmer; el presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, Carlos Andreucci; el presidente de la Federación Argentina de Magistratura y la Función Judicial, Ariel Ariza y el presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, Rafael Gutiérrez, entre otros.