Sobre las tareas de la Oficina Anticorrupción (OA), Natalia Torres, Directora Nacional de Ética Pública del organismo, dijo que “hemos decidido darle énfasis a la prevención. Tenemos que generar un entramado para llegar a cada uno de los organismos en donde podamos multiplicar el trabajo que desarrollamos” y que la Oficina está trabajando en "acompañar los esfuerzos que desarrollan los organismos a nivel nacional, provincial y municipal. Esto nos permite incorporar lo federal como atributo de nuestra gestión".

Frederic Boehm, especialista en Políticas de Integridad de OCDE, se refirió a la relevancia de la Guía y otras iniciativas importantes con base al diagnóstico desarrollado en el estudio sobre Argentina. “Toda la evidencia que tenemos internacionalmente llegó a esa recomendación de tener un enlace en cada organismo público dedicado a la integridad. La primera línea contra la corrupción son todos los empleados, y la segunda línea son los que apoyan y los que monitorean”, afirmó. Además, sostuvo que las tareas de detección y sanción de casos deben estar separadas.

Por su parte, Florencia Grigera, Directora Nacional de Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad disertó sobre el diagnóstico sobre las contrataciones que no llegan a adjudicarse realizada por su organismo y comentó que “hemos armado mesas de trabajo para hacer una segmentación de universos de problemas".

Roxana Mazzola, Directora Nacional de Transparencia del Ministerio de Obras Públicas sostuvo que “el primer punto de partida es que la brecha de inversión en Argentina es sumamente amplia” y que hay que evaluar “cómo hacer más obra pública pero con mejoras en la gestión y el fortalecimiento institucional. Una decisión fue incluir un área específica a la temática de la transparencia y abordar transversalmente a todo el organismo las políticas de integridad”

Cerrando el panel, Ana Laura Ramos, Directora Ejecutiva de la Oficina de Transparencia Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que es un objetivo de su gestión “integrar a los 135 municipios para implementar políticas de integridad y transparencia”. Además, se refirió a la conformación de una mesa de trabajo para realizar un proyecto de Ley de Ética pública para la provincia de Buenos Aires. “Nos parece que es una deuda que tenemos con la población bonaerense”. El lanzamiento será en octubre e incluirá a los tres poderes provinciales.

Luego del receso, cerró la jornada el panel “Fortalecimiento de la integridad en las contrataciones públicas de emergencia”. Anne Rivera, Jefa de la Oficina de Cumplimiento de Suiza comentó que “la malversación de fondos y la corrupción no son fenómenos nuevos, pero la crisis del Covid-19 los ha amplificado y creado nuevas oportunidades. Un ámbito de particular riesgo es la contratación pública”

A su turno, Tania Perich, Directora de ChileCompra, explicó que “se busca que cualquier ciudadano pueda acceder y revisar, quién, cómo, a quién y en qué condiciones compra el Estado. Sabemos que nos sólo la información tiene que estar disponible, los procesos tienen que estar bien hechos”.

Finalmente, Kenza Khachani, especialista en Contrataciones Públicas de OCDE aseguró que “se hizo evidente que la crisis ha creado un entorno de compra nunca antes visto. Esto se convirtió en un riesgo de integridad que en muchos casos se transformó en casos de corrupción”.