A partir de la internación de Milagro Sala y del creciente hostigamiento por parte de las autoridades provinciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió informes al Estado argentino sobre su salud y sigue con atención su situación.

Sala es beneficiaria de una medida provisional de ese tribunal, que ordenó proteger su integridad física y psíquica a partir de la persecución judicial y política de la que es víctima en la provincia de Jujuy.

En el marco de esa resolución de 2017, la Corte IDH le dio plazo al Estado argentino hasta el 13 de julio próximo para que presente sus observaciones sobre la situación actual de la dirigente social.

Como señaló insistentemente la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con la medida provisional que benefició a Milagro Sala en tanto que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino.