En el marco del “Plan Bandera” implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir los delitos en Santa Fe, la Policía Federal Argentina detuvo a ocho personas y secuestró 122 armas ilegales, muchas de ellas involucradas en hechos delictivos, luego de efectuar 32 allanamientos a particulares y a una armería de la ciudad de Rosario.

El megaoperativo sucedió tras una investigación llevada a cabo por el Departamento Operaciones Antidrogas Litoral Rosario de la PFA, a partir de un informe de la Subsecretaría de Intervención Federal de esta cartera ministerial, que identificó a un grupo de usuarios con múltiples solicitudes de tenencias de armas entre 2020 y 2024.

Por orden del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Gastón Ávila, a cargo del grupo de trabajo de armas de fuego, la Policía Federal Argentina llevó a cabo 32 allanamientos relacionados con la trazabilidad de armas y cartuchos que fueron utilizados en hechos delictivos. Inicialmente, se trataba de 25 procedimientos pero en función del resultado obtenido, se ordenaron nuevos procedimientos entre los cuales se identificó una armería totalmente irregular, ubicada en el Boulevard Seguí, al sur de la ciudad rosarina.

A partir del trabajo en equipo del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina, el Equipo de Trabajo para el abordaje estratégico de Armas de Fuego del Ministerio Público de la Acusación, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y la fiscalía de la provincia, se logró identificar a 13 personas que efectuaron más de 5 compras de armas de fuego, en su mayoría calibre 40 y 9 mm., la detención de ocho ciudadanos, el secuestro de 122 armas, un chaleco antibalas, 100 cartuchos calibre 40 mm, 2.810 cartuchos 9mm., 1000 cartuchos de escopeta e identificar a más de un centenar que no se encontraban en los domicilios declarados.

Asimismo, se secuestraron 9.724 gramos de marihuana, elementos para armado de dos "Indoor", 10 teléfonos celulares, 17.695.000 pesos argentinos y 123.285 dólares estadounidenses.

Con estos procedimientos, procuramos acreditar los mecanismos de desvío de armas de fuego obtenidas legalmente hacia el mercado ilegal, en razón de no ser halladas en poder de sus propietarios formales.