La promoción de emprendimientos de microgeneración de energía solar o eólica figura entre los considerandos de la Resolución ENRE Nº 100/2024 que en febrero pasado dispuso la creación de un comité dedicado a estudiar la introducción de medidores inteligentes en las áreas de concesión de EDENOR y EDESUR. La referencia recuerda la importancia de alentar la conversión de hogares, empresas, dependencias públicas en prosumidores de electricidad si realmente se quiere impulsar la transición energética.

El neologismo Prosumidor fusiona los sustantivos Productor y Consumidor. En relación con el suministro eléctrico, remite al usuario que instala un sistema de generación de energía renovable –paneles solares, por ejemplo ¹– para abastecer su propia demanda. En caso de producción sobrante, la inyecta a la red pública de distribución para que esté disponible para otros usuarios.

La Resolución ENRE Nº 100/2024 también recuerda que los medidores inteligentes identifican la cantidad de kilovatios-hora (kWh) de producción propia ². A partir de este registro, la empresa distribuidora –EDENOR y EDESUR en el Área Metropolitana de Buenos Aires– factura el resultante de la diferencia entre el importe de la energía consumida y aquél de la energía inyectada a la red.

En este punto vale aclarar que ni la distribuidora ni el Estado le pagan al prosumidor por la energía inyectada. En todo caso, la generación distribuida se rige por una lógica de compensación: cuantos menos kWh se usa de la red eléctrica, menos se paga por el servicio. Por eso, si se consume únicamente la electricidad autogenerada, el importe facturado equivale a 0 pesos (imputación de impuestos al margen).

La generación distribuida de energía renovable presenta tres ventajas centrales:

1. Reduce el impacto de las tarifas del servicio eléctrico en el bolsillo del usuario sobre todo residencial.
2. Le quita exigencia a la red eléctrica general y por ende contribuye a protegerla de los picos de demanda diarios y estacionales.
3. Contribuye a la reducción de la emisión de dióxido de carbono y de otros contaminantes atmosféricos, así como al cese de la explotación de combustibles fósiles.

Nuestro país cuenta con el denominado Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública desde fines de 2017, a partir de la sanción de la Ley Nº 27.424. Dentro de este marco legal, pueden ser usuarios-generadores los clientes de una distribuidora, personas físicas y jurídicas, salvo los grandes usuarios y autogeneradores del Mercado Eléctrico Mayorista.

En líneas generales, la potencia máxima permitida para cada usuario-generador es de 2 MW (por encima de ese nivel, aplica el régimen de autogeneradores del MEM). El límite varía según la categoría tarifaria de pertenencia: hasta los 10 kW para clientes con Tarifa 1 y hasta el equivalente a la potencia contratada para clientes con Tarifas 2 y 3.

La instalación del equipo interno de generación distribuida es responsabilidad de un instalador calificado, con matrícula habilitante para emitir certificados de Declaración de Conformidad de Instalación eléctrica (DCI) de acuerdo a las Resoluciones ENRE N° 225/2011 y N° 269/2012. Una vez aprobada la instalación, la distribuidora instala el medidor bidireccional que lee la energía consumida y aquélla inyectada a la red.

Según el informe estadístico que la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación elaboró en mayo de 2024, la generación distribuida aportó 38.915 kW de potencia instalada en los últimos cinco años. Los autores de ese documento contaron un total de 1.834 prosumidores diseminados en quince jurisdicciones del territorio nacional: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Misiones, Chaco, Corrientes, Río Negro, Neuquén y Chubut.