El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, recorrió hoy las instalaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud junto a su titular Gabriel Gonzalo Oriolo, y subrayó los aportes significativos que el organismo ha realizado durante el año para el proceso de reordenamiento del sistema de salud.

Las acciones implementadas por la SSS incluyeron la fiscalización y el ordenamiento de las obras sociales y empresas de medicina privada, y la revisión y actualización de la normativa para lograr una efectiva desregulación del sistema de salud que garantice la libertad de elección para los beneficiarios.

Entre los logros más importantes se destaca la eliminación de intermediaciones en salud y de la triangulación entre obras sociales y prepagas. A partir de la Resolución 3284/24, en vigor desde el 1 de diciembre, los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud ganaron transparencia y control al poder elegir a dónde derivar sus aportes. Este avance se basó en el DNU 70/23, que actualizó las leyes 23.660 y 23.661, y que obligó a las empresas que quieran recibir aportes a inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS).

En relación a las obras sociales, la SSS realizó un control exhaustivo mediante numerosas auditorías semanales. Los informes técnicos derivaron en multas, sanciones e incluso intervenciones de obras sociales que presentaban irregularidades significativas en su funcionamiento, deficiencias en su cobertura y deudas millonarias.

Entre las entidades intervenidas se encuentran la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM), Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), Obra Social del Personal Mosaista (OSPM) y la Obra Social de Vareadores (OSV).

Por otra parte, la Superintendencia detectó y dio de baja definitiva a más de 110 empresas de medicina prepaga que no regularizaron sus informes prestacionales, contables y de padrones, necesarios para operar conforme a la ley.

También se denunció por abuso de posición dominante a empresas de medicina prepaga y se solicitó una medida cautelar. La denuncia en la justicia fue contra 41 empresas por aumentos indebidos, obligándolas a retrotraer dichos aumentos y devolver lo cobrado en exceso. La Superintendencia, con la Comisión de Defensa de la Competencia, fue parte en la denuncia por cartelización, aportando todos los datos requeridos para avanzar en la investigación.

A partir de la Resolución 2155/24, se consiguió mayor transparencia para los beneficiarios, ya que las empresas de medicina prepaga deben detallar, en lenguaje claro y comprensible, un desglose de los conceptos incluidos en las cuotas mensuales. Esto incluye el costo base del plan, adicionales, ajustes por edad o factor de riesgo e impuestos. Además, la normativa permite a las entidades aplicar aumentos en sus cuotas de manera variable, según las condiciones del plan y las regiones donde se brinda la atención médico-asistencial.

Con el propósito de conseguir más competencia entre obras sociales, mediante la Resolución 1926/24, se estableció que los agentes del seguro de salud, incluidos dentro de la Ley 23.660, pueden fijar libremente valores de coseguros, siempre que estos sean informados a los beneficiarios y a la Superintendencia con 30 días de anticipación.

El Decreto 355/24 modificó el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) para eliminar distorsiones regresivas. Se puso fin a la especulación de obras sociales que dependían únicamente del Estado. Ahora, el subsidio está directamente en manos de los afiliados y es igual para todos y cada uno de los beneficiarios.

Por último, en relación a discapacidad se lograron mejoras en el mecanismo de integración y mayor transparencia y eficiencia en el uso de los fondos destinados a este fin mediante controles más estrictos en la presentación de las facturas por parte de las OOSS, los pagos y rigurosidad en la documentación y auditoría. Además, se redujo el tiempo máximo para el pago del subsidio por parte de los Agentes del Seguro, que brinda más previsibilidad para los prestadores.