El Gobierno Nacional inició su gestión con un mandato claro: promover la libre competencia en la economía. El horizonte es que haya más y mejor oferta y, de esta manera, los ciudadanos puedan acceder a mejores bienes y servicios a un menor precio.

Con este espíritu, el DNU 70/2023 desreguló el sistema de salud para que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas e impulsar la libre competencia entre los distintos actores.

En simultáneo, y dentro de las competencias que tiene la Superintendencia de Servicios de Salud, se detectó una situación de presunta cartelización de un puñado de empresas del sector que llegaron a esa situación privilegiada debido a la asistencia estatal que recibieron en años anteriores. Es decir, eligieron continuar con viejas prácticas avaladas por gobiernos anteriores y optaron por el camino de abusar de la buena fe de la ciudadanía.

Nuestra prioridad es otorgar el mayor grado de libertad posible al sector privado después de muchos años de intervenciones estatales, que crearon una simbiosis entre el sector empresarial y la casta política, que perjudica directamente al pueblo argentino.

Las sucesivas intervenciones no hicieron más que generar gasto ineficiente y dejar el sistema de salud prácticamente quebrado, dependiente del asistencialismo estatal y, por consiguiente, sin libertad.

Este Gobierno va a utilizar todas las herramientas institucionales y jurídicas para terminar con la cartelización. El Estado ya no fija los precios, por eso el Ministerio de Salud considera que la única barrera que queda entre el sistema actual y uno de libre mercado es que las prepagas compitan entre sí.