Las SAD, el RIGI y la necesidad de buscar consensos a nivel nacional, en el centro de la escena
IGJ formuló propuestas para procurar la unificación de criterios en los organismos y autoridades de control y registro.
El inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, y la subinspectora general, Marta Pardini, participaron de las reuniones de trabajo y de la Jornada de Disertaciones de la Reunión Anual de Organismos de Control que se desarrollaron en la Ciudad de Córdoba. El evento fue presidido por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, y la directora provincial de Personas Jurídicas, Verónica Sanz, reuniendo a un significativo número de autoridades.
En el curso de la reunión, Vítolo expuso los lineamientos de la política del Gobierno Nacional en materia de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), sosteniendo que las reformas incorporadas por el DNU 70/2023 a la Ley del Deporte y la reforma de la LEY GENERAL DE SOCIEDADES, constituyen un cambio cultural paradigmático de naturaleza irreversible. Este se impondrá, inexorablemente, por su propio peso y por sus fuertes ventajas comparativas, frente a las endebles estructuras actuales de los clubes, que no resultan aptas para enfrentar los desafíos de un deporte altamente competitivo que involucra un negocio que en el mundo mueve más de 700.000 millones de dólares al año. El inspector general instó a las autoridades provinciales a seguir la iniciativa de la IGJ, que reguló recientemente el régimen de acceso voluntario de los clubes de fútbol a nuevas formas y estructuras económicas y jurídicas para su participación en el Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física.
Respecto de otro de los temas abordados por Vítolo en el encuentro, debe destacarse que el actual inspector general de Justicia exhortó a las autoridades de control societario de todas aquellas provincias que han adherido al RIGI, seguir también rápidamente los lineamientos dispuesto por la IGJ para inscribir a los denominados “Vehículos de Proyecto Único” a través de los cuales se puede adherir al régimen RIGI en los Registros Públicos, dado que ello es un requisito que la propia Ley Bases impone para permitir que los inversores puedan participar en este mecanismo de grandes inversiones.
