Las abogadas María Eugenia Arrieta y Mariela Ferrazano contaron cuál fue la experiencia del Ministerio de Transporte, donde remarcaron que pese a que el mundo no tenía “antecedentes” de una situación como lo que actualmente transita la humanidad, era indispensable que a “las personas con actividades esenciales se les garantizara el transporte público, pero ese transporte tenía que ser cuidado porque, en definitiva, estábamos protegiendo la vida y la salud de las personas”. Fue en el marco del Seminario sobre la “Gestión jurídica de la pandemia: la estrategia para la mejor defensa de los intereses del Estado”, actividad organizada por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.

Arrieta y Ferrazano recalcaron que trabajaron en unión con otros organismos y se “apoyaron en otros servicios jurídicos”, lo que implicó que, por ejemplo, junto a Seguridad e Interior designaran “corredores seguros, ya sea aéreos, pluviales o terrestres”. Además, hicieron especial énfasis en que las medidas adoptadas fueron tomadas en base a las recomendaciones del Ministerio de Salud y que “en función de la situación epidemiológica era factible reducir o suspender los servicios de transporte”.

Finalmente, las abogadas advirtieron que cada una de las medidas tomadas no podían “afectar o restringir el goce y ejercicio de los DDHH, debían ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos y ajustadas a criterios científicos, razonables y estrictamente necesarias y proporcionales”.