En el documento se especifica que el organismo rector del sistema de control interno no pretende auditar planes de estudio, contenido, designación de autoridades, ni afectar la libertad de cátedra, como así tampoco designar el auditor interno de la UBA, cuestiones totalmente ajenas al objetivo de las auditorías de la SIGEN.

En este sentido, el contenido de la demanda apunta a que la justicia instruya a la Universidad de Buenos Aires a brindar información sobre el destino de los fondos públicos y cómo fueron ejecutados. En definitiva, que la casa de estudios informe en qué se utiliza el dinero girado por el Poder Ejecutivo en lo relativo a licitaciones, contrataciones directas, convenios, etc.

Al tiempo que resalta: “Se procura verificar las cuentas y procesos y controles internos de la universidad, a fin de evaluar la eficacia operativa y coadyuvar a proporcionar información para la mejora en la ejecución de esas operaciones”.

Asimismo, SIGEN solicita que se inste a la UBA “a rendir cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional” para que de esta manera la Sindicatura General de la Nación pueda cumplir con sus funciones en el marco de la actividad propia del control interno, complementario al control externo que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN). Cabe subrayar que hasta 2022 era habitual esta rendición de cuenta, y que ese año fue interrumpida por un dictamen emitido por el entonces procurador del tesoro nacional, Carlos Zannini.

Así, la SIGEN busca que la Universidad de Buenos Aires cumpla con el artículo 59 de la Ley de Educación Superior que establece que las instituciones universitarias tienen “autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”.

Cabe recordar que el organismo le envió una nota al rectorado de la Universidad de Buenos Aires el día 22 de octubre último, que indica el inicio de los trabajos de auditoría en esa casa de altos estudios.

“Los organismos públicos deben rendir cuentas de los recursos que reciben y por esta razón es necesario auditarlos para garantizar la transparencia”, enfatiza finalmente la presentación.

La solicitud de la Sindicatura General de la Nación incluye:

-La normativa interna de la universidad para la aprobación y autorización de gastos por parte de cada funcionario.

-Normas reglamentarias vigentes referidas al circuito de compras y contrataciones.

-Listado de expedientes que conforman cada una de las rendiciones efectuadas sobre los fondos, sujetos a rendición, transferidos por la actual Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación durante los ejercicios 2022-2023.

-Detalle de las adquisiciones realizadas a través de los fondos transferidos por la cartera de Educación.

-Acceso a los Sistemas SIU PILAGÁ Y SIU DIAGUITA (módulo de compras, módulo de patrimonio), a modo de consulta para comprobar las registraciones de los gastos y sus rendiciones de cuenta.