Durante la dictadura, Malatto actuó con el grado de teniente en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan, en el que integró la Plana Mayor, y fue parte de los grupos de tareas que actuaron en la provincia.

La querella de la Secretaría fue presentada ante la justicia federal de San Juan en las causas en las que el ex militar es requerido por los delitos de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad, asociación ilícita, violación de domicilios y homicidios contra más de 100 víctimas.

Malatto comenzó a ser investigado por la justicia federal de San Juan con la reapertura de los juicios en todo el país y en 2011 fue detenido, imputado por graves violaciones a los derechos humanos. Ese mismo año, antes de que comenzara el juicio oral, la Cámara Federal de Mendoza decidió liberarlo, situación que aprovechó para escapar del país.

En 2014, Italia rechazó el pedido de extradición realizado por el Estado argentino, por lo que víctimas y familiares recurrieron a la justicia de ese país, que comenzó a investigarlo.

La causa ante la justicia italiana se encuentra en etapa de instrucción y la Secretaría de Derechos Humanos colabora, junto a la Embajada en Roma y la organización 24 marzo It, de forma permanente para promover el avance y busca constituirse como querellante en un futuro juicio oral.

La decisión de darle impulso a los expedientes en Argentina busca también fortalecer la acusación contra el ex militar en los tribunales europeos.

Los otros procesos en Italia

Hay otros dos procesos abiertos en Italia por crímenes de lesa humanidad en Argentina, el juicio oral contra el exmilitar uruguayo Jorge Troccoli y el pedido de extradición al ex capellán del Ejército Franco Reverberi Boschi.

En el caso de Troccoli, está acusado por el asesinato del argentino José Agustín Potenza, su pareja italiana Giuliana Filipazzi y de la uruguaya Elena Quinteros. El Estado argentino, por impulso de la Secretaría de Derechos Humanos, se constituyó como parte querellante y se espera que las audiencias comiencen en las próximas semanas.

Reverberi Boschi, por otra parte, es requerido por la justicia argentina por los delitos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Departamental”, que funcionó en la sede de los tribunales de la ciudad San Rafael, y la Secretaría de Derechos Humanos es parte interesada en el proceso de extradición.

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