El mismo, además fue rubricado por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez y Alberto Javier Salgado, responsable de la Dirección Contencioso Internacional en materia de DDHH, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Este caso, el primero que realizó la actual gestión de Derechos Humanos ante este organismo, había sido suscrito anteriormente por la gobernación de Mendoza. Se trata de una reparación de derechos para una ciudadana de esa provincia acusada de usurpación de domicilio para quien, a través de este acuerdo, el Estado argentino se comprometió a asegurar vivienda digna, inserción social y escolar, y acceso a la salud para ella y su grupo familiar.

El mecanismo de solución amistosa es una herramienta basada en el diálogo entre las víctimas y sus representantes y Estados, y tiene como objetivo lograr acuerdos que permitan reparaciones integrales a víctimas.