La Secretaría de Derechos Humanos solicitó que se revoque la detención domiciliaria de un imputado por delitos de lesa humanidad
La presentación se realizó ante el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, en el marco de la causa que investiga la responsabilidad de Roberto José Pellegrini por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en la localidad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe.
A través de sus abogadas, la Secretaría de Derechos Humanos solicitó a la Justicia Federal que se deje sin efecto el beneficio de la detención domiciliaria concedido a Pellegrini y se efectivice su prisión preventiva en una unidad penitenciaria federal.
El pedido surge a partir de la denuncia realizada por la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que registró el momento en el que el imputado —que se encuentra procesado con prisión preventiva domiciliaria—, violó las condiciones impuestas en su régimen de detención.
Pellegrini gozaba de una autorización excepcional otorgada por el Juzgado para realizar caminatas diarias por una hora, sin alejarse más de 5 cuadras a la redonda del domicilio donde se encuentra alojado, siempre acompañado por un familiar, médico o alguien de su confianza. Sin embargo, fue fotografiado al salir de su domicilio sin ninguna persona que lo acompañara. La circunstancia fue reconocida por el propio imputado en la audiencia celebrada ante el Juzgado el pasado 15 de marzo.
José Pellegrini se encuentra procesado desde marzo de 2020 por su presunta participación en 32 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 8 homicidios agravados y por ser parte de una asociación ilícita durante el terrorismo de Estado. En aquel momento, Pellegrini se desempeñaba como jefe de División de Personal de la empresa siderúrgica Acindar emplazada en la localidad de Villa Constitución, y señalada desde la CONADEP por la existencia de un centro clandestino de detención en sus instalaciones.
Por estos crímenes fue procesado junto a Ricardo Torralvo, jefe de contaduría de la misma empresa, y a otros 29 policías y militares, en una causa emblemática conocida como “causa del Villazo” o “causa Acindar”, que analiza el proceso represivo de extrema magnitud desplegado sobre un amplio arco de trabajadores y trabajadoras, militantes políticos y sindicalistas de esa localidad.
Dado que los hechos que se investigan en el marco de la causa constituyen crímenes de lesa humanidad, la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos resulta fundamental para asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de memoria, verdad y justicia.
Es por ello que, ante el incumplimiento injustificado de las condiciones impuestas por el Juzgado, se solicitó que se deje sin efecto el beneficio concedido al imputado y se ordene el cumplimiento de la prisión preventiva en un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario.
Finalmente, y en el caso de que el Juzgado no haga lugar a la revocación solicitada, se requirió que se extremen las medidas en cuanto al seguimiento y control de la prisión domiciliaria de Pellegrini, con intervención a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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