Presidencia de la Nación

La Secretaría de Derechos Humanos participó de los homenajes a 50 años de la masacre de Trelew

En ese marco, la Secretaría señalizó como sitio de Memoria la Unidad Penal 6 de Rawson, el ex Aeropuerto Viejo -ahora Centro Cultural por la Memoria de Trelew- y repuso la señalización en la Base Aeronaval Almirante Zar.

Las actividades formaron parte de la amplia agenda de actividades en homenaje a las víctimas de la Masacre de Trelew y fueron organizadas junto con el gobierno de la provincia de Chubut, los municipios de Trelew y Rawson, familiares de las víctimas de la masacre y colectivos de ex presos políticos.

La delegación de la Secretaría de Derechos Humanos estuvo encabezada por el secretario Pietragalla Corti, quien subrayó la importancia de los homenajes para “mantener viva la memoria en un hecho que fue trascendente no solo para la militancia política, sino un hecho que conmovió a toda la sociedad y que anunciaba lo que iba a llevar adelante el poder real a través de las Fuerzas Armadas y lo que significó después la persecución feroz que llevó adelante la última dictadura cívico-militar”.

En este sentido, Pietragalla destacó la participación de la Secretaría a través de su política de señalizaciones de sitios de memoria del terrorismo de Estado “acompañando a los familiares y ayudando en la interlocución con los distintos Ministerios, para que se pudieran concretar y recordar a los que hoy no están con nosotros”.

La primera señalización tuvo lugar el domingo 21 de agosto con un emotivo acto en la Unidad Penal 6 de Rawson, en el que además se colocó una placa conmemorativa por parte de la Comisión de ex Presos Políticos y otra en homenaje a los abogados defensores de los presos. La actividad concluyó con una visita al penal donde hombres y mujeres —militantes políticos, sindicales y sociales perseguidos por razones políticas— permanecieron detenidos desde los años 60 y, con mayor intensidad, durante la última dictadura cívico-militar.

Al día siguiente tuvo lugar el acto central en el Aeropuerto Viejo de Trelew, donde actualmente funciona el Centro Cultural por la Memoria y el Archivo Provincial de la Memoria. Allí se colocó un cartel de señalización que complementa los pilares que ya se habían emplazado en 2007, y se inauguraron placas de homenaje a las víctimas, el cartel “Día de la fuga” y el mural “19 Rosas rojas”.

Las actividades conmemorativas continuaron con la reposición del cartel de señalización ubicado en el ingreso a la Base Almirante Zar, que había sido instalado originalmente en 2012 en el marco de la sentencia del juicio por la masacre, por haber sido el lugar donde se perpetró y por su funcionamiento como centro clandestino durante la última dictadura. Posteriormente, se realizó junto con los familiares de las víctimas que estuvieron allí detenidas una emotiva visita guiada al interior de la Base, donde se descubrió una nueva placa de homenaje.

De las actividades de memoria y homenaje participaron referentes de Madres de Plaza de Mayo - Línea fundadora y organismos de derechos humanos; los ministros de Defensa y de Cultura, Jorge Taiana y Tristán Bauer; el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y otros funcionarios y funcionarias nacionales y locales, junto a familiares de las víctimas y ex detenidos políticos.

La masacre de Trelew

El 15 de agosto de 1972, durante la dictadura que había comenzado en 1966 y se encontraba a cargo de Agustín Lanusse, veinticinco presas y presos políticos pertenecientes a las organizaciones Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros se fugaron de la Unidad Penal 6 de Rawson y llegaron hasta el aeropuerto de Trelew para escapar hacia Chile. Solo seis lo lograron. Tras negociaciones entre las Fuerzas Armadas, los abogados defensores y el juez federal de Rawson, las diecinueve personas depusieron las armas para preservar la vida de quienes estaban presentes y de aquellas que seguían detenidas, bajo la condición de retornar al penal.

Sin embargo, fueron trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar. Allí fueron interrogadas y sufrieron condiciones inhumanas de detención. En la madrugada del 22 de agosto fueron fusiladas. Trece murieron en el instante: Carlos Heriberto Astudillo (FAR), Eduardo Adolfo Capello (PRT-ERP), Mario Emilio Delfino (PRT-ERP), Clarisa Rosa Lea Place (PRT-ERP), Susana Graciela Lesgart (Montoneros), José Ricardo Mena (PRT-ERP), Mariano Pujadas (Montoneros), Alberto Carlos Del Rey (PRT-ERP), María Angélica Sabelli (FAR), Humberto Segundo Suárez (PRT-ERP), Humberto Adrián Toschi (PRT-ERP), Jorge Alejandro Ulla (PRT-ERP) y Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP) —embarazada—. Rubén Pedro Bonet (PRT-ERP), Alfredo Elías Kohon (FAR) y Miguel Ángel Polti (PRT-ERP) sufrieron heridas de gravedad y murieron durante las horas siguientes.

María Antonia Berger (FAR), Alberto Miguel Camps (FAR) y Ricardo René Haidar (Montoneros), aunque resultaron gravemente heridos, lograron sobrevivir y su testimonio posibilitó la reconstrucción de los hechos conocidos como la masacre de Trelew. Luego del golpe cívico-militar de 1976, los tres sobrevivientes fueron secuestrados y desaparecidos, como también fueron perseguidos los familiares y abogados de los fusilados en Trelew.

En 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia declaró la masacre de Trelew como crimen de lesa humanidad y condenó a tres ex marinos responsables a prisión perpetua. En 2014 la Cámara de Casación Penal revocó dos absoluciones. En 2021, las sentencias quedaron firmes, aunque solo uno de los cinco condenados estaba con vida. En 2022 el ex marino Roberto Guillermo Bravo fue condenado por los fusilamientos en un juicio civil desarrollado en Estados Unidos. Bravo reside en ese país desde 1973 y se espera que sea extraditado para ser enjuiciado.

La señalización de los ex centros clandestinos de detención y de otros lugares donde sucedieron hechos emblemáticos durante el terrorismo de Estado, a través de la Ley Nacional N° 26.691, los hace visibles y expresa en el espacio público el compromiso del Estado democrático de dar a conocer y condenar los delitos allí cometidos, acompaña el juzgamiento de sus responsables y efectiviza el reconocimiento hacia las víctimas y sus familiares.

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