La Secretaría de Derechos Humanos manifiesta su profunda preocupación ante las declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien ha negado y banalizado el terrorismo de Estado cometido durante la última dictadura militar.

Las frases “No fueron 30 mil los desaparecidos” y “Durante los 70 hubo una guerra en la que las fuerzas del Estado cometieron excesos” nos retrotraen a los discursos que la propia dictadura utilizó para justificar un genocidio y que luego emplearon los responsables de esos crímenes para buscar impunidad.

A 40 años de la vuelta de la democracia y luego de los avances en materia de derechos humanos que ha realizado nuestro país, sabemos que en Argentina no hubo una guerra ni hubo excesos. Sabemos que lo que hubo fue un Estado terrorista que planificó y ejecutó una matanza para imponer un modelo económico, eliminando a toda disidencia política.

Los dichos de Milei en el debate presidencial niegan lo que ha sido probado por la justicia en los más de 300 juicios que se realizaron en Argentina en los que fueron condenados casi 1200 represores por los más aberrantes delitos que se puedan cometer: secuestros, torturas, abusos, asesinatos, desapariciones de personas de todas las edades y el robo de niños y niñas que todavía seguimos buscando.

El número total de detenidos-desaparecidos y de víctimas del terrorismo de Estado no se conoce por el carácter ilegal y clandestino que tuvo el accionar del Estado y en especial de las fuerzas armadas y de seguridad en ese período. La cifra 30.000 comenzó a ser usada durante la última dictadura militar como una estimación de las denuncias que se estaban recibiendo en el país y en los ámbitos internacionales. Ese número es el símbolo de la lucha del país por los derechos humanos en busca de la no repetición de lo sucedido y de la continua búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

El carácter indeterminado del registro de las víctimas es intrínseco a todo proceso genocida. Hasta hoy, a pesar de los numerosos juicios y todas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, existe un pacto de impunidad entre los responsables de esos crímenes, por el cual nunca han revelado ni cuántos ni quiénes fueron las víctimas, ni cuál fue su destino final.

El número exacto es y siempre será indeterminado, está en construcción y crece permanentemente (al día de hoy se siguen recibiendo denuncias de personas que por distintos motivos nunca las habían realizado antes). Aun así, resulta crucial aproximarse tanto como sea factible. Es por eso que, en las próximas semanas, la Secretaría de Derechos Humanos va a publicar un informe sobre el universo de las víctimas del terrorismo de Estado que contribuirá a desmontar estas posturas negacionistas, demostrando que esa estimación inicial no se aleja de las investigaciones recientes.

Como parte de su discurso, Milei señaló además que ERP y Montoneros “también cometieron delitos de lesa humanidad” en un intento por equiparar los crímenes de la dictadura con los de las organizaciones políticas que llama “terroristas”. La utilización de este concepto para referirse a estas organizaciones políticas ha sido rechazada por la justicia federal en todas sus instancias en los últimos años. Además, de acuerdo al Código Penal Argentino, la Constitución Nacional y los tratados Internacionales en derechos humanos, las acciones delictivas llevadas adelante por estas organizaciones se encuentran prescriptas ya que no se trata de crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra ni graves violaciones a los derechos humanos y no pueden ser juzgadas en el presente. Fue decisión de la propia Junta Militar que, teniendo la posibilidad de detener y juzgar a quienes perpetraron delitos, instauró el terror, asesinó o hizo desaparecer clandestinamente a la mayoría de los responsables como parte del plan sistemático que ya se encuentra probado.

Al decir que quiere terminar con el “curros de los derechos humanos”, el candidato pretende cuestionar un proceso de Memoria, Verdad y Justicia que es una política llevada adelante por los tres poderes del Estado y que es un ejemplo en todo el mundo.

Hace apenas dos semanas, el Museo Sitio de Memoria ESMA ingresó en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y la comunidad internacional reconoció que ese lugar que fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio representa el terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas en Argentina y en toda la región.

Milei también busca poner un manto de sospecha sobre las víctimas y familiares del terrorismo de Estado que son parte de nuestro patrimonio cultural y político más importante.

Nuestras Madres, nuestras Abuelas, familiares y sobrevivientes lucharon contra la dictadura y contra la impunidad de los represores. El pueblo argentino los ha acompañado y ha salido en defensa de las políticas de derechos humanos cada vez que estas han sido amenazadas.

Sólo con memoria, verdad y justicia podemos construir nuestra democracia y que los horrores del pasado no se repitan nunca más.