La delegación argentina destacó ante el pleno del Comité que el proceso de memoria, verdad y justicia frente a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar volvió a ser una política de Estado. Se informó así que, a diciembre de 2022, ya son 1.117 las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, y 168 aquellas absueltas, en procesos que cumplen con todas las garantías del debido proceso legal. Se subrayó el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la identificación de personas desaparecidas, así como la lucha incansable de los organismos de derechos humanos.

Los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos también dieron cuenta de los alcances del Plan Estratégico para el Avance de los Juicios de Lesa Humanidad; la reinstalación de la Unidad Especial de investigación de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica; el trabajo diario de acompañamiento a víctimas y testigos del Terrorismo de Estado; los avances en la señalización y gestión de sitios de memoria en todo el país; los resultados de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos; y el uso de la tecnología LIDAR para la detección de enterramientos clandestinos, entre muchas otras medidas.

En sus intervenciones, los/as expertos del Comité resaltaron la labor de la Argentina en el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, al tiempo que marcaron fuertemente su preocupación por la demora en la etapa recursiva de los procesos en cabeza de la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En concreto, alertaron sobre el riesgo de “impunidad biológica”.

Respecto a las medidas adoptadas en materia de investigación de personas desaparecidas desde el retorno democrático, se remarcó que la actual gestión de la Secretaría de Derechos Humanos tiene como uno de sus ejes prioritarios promover un cambio cultural para erradicar la violencia institucional de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y se informaron las principales tareas realizadas. También se precisaron las distintas acciones impulsadas por diferentes agencias del Estado para hacer frente a los desafíos actuales en materia de violencia institucional y búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas desde el retorno democrático.

La delegación estuvo compuesta por Gabriela Kletzel, Directora Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos; Mariano Przybylski, Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, de la Secretaría; Nicolás Espert, coordinador del Área de Identificación de Personas Halladas con Identidad Desconocida del Ministerio de Seguridad de la Nación; Federico Villegas, Embajador de la Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; Josefina Nacif y Sebastián Rosales de la Cancillería argentina.

Los Estados Partes de la Convención están sujetos a una instancia de revisión periódica ante el Comité. En este marco, tras analizar la información que el Estado presenta por escrito y la exposición realizada durante el diálogo oral, el Comité formula un documento con observaciones y recomendaciones para la plena implementación de la Convención, que próximamente será emitido para nuestro país.

La audiencia completa del diálogo interactivo de la Argentina con el Comité puede verse en el siguiente link