En el escrito, se solicita a la justicia federal que investigue de manera urgente las expresiones de Rico ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas, tipificado en el artículo 226 bis del Código Penal.

Se resalta allí que las expresiones de Rico son contundentes y tuvieron gran repercusión pública. Además, para analizar la idoneidad de la amenaza pública que se denuncia, la Secretaría sostiene que se debe tener en cuenta que el ex teniente coronel del Ejército tiene contactos políticos, militares y policiales y experiencia previa en la organización y ejecución de dos levantamientos militares contra el orden constitucional y democrático, como lo fueron los alzamientos carapintadas de 1987 y 1988.

La presentación fue realizada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien manifestó que se encuentra obligado a denunciar estos gravísimos hechos “en cumplimiento del deber indeclinable de realizar acciones concretas y efectivas a fin de garantizar la vigencia de la Constitución Nacional, la defensa irrestricta de la democracia, de asegurar el “Nunca más” y hacer realidad los postulados de Memoria, Verdad y Justicia”.

A casi 40 años de la vuelta de la democracia, y luego de más de 20 años de reiniciados los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, este tipo de acciones, que buscan desestabilizar la democracia, no pueden ser tolerados. La justicia y el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos son la columna vertebral de la construcción democrática de nuestro país.