La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la causa que investiga por crímenes de lesa humanidad a ex jueces del Superior Tribunal de Justicia de Formosa durante la última dictadura cívico-militar.

En la causa están imputados Bernardo Montoya y Jorge Vázquez, quienes fueron nombrados como ministros del máximo tribunal provincial en mayo de 1976 por el entonces gobernador de facto, el coronel Juan Carlos Colombo. Junto a ellos estuvieron acusado Sergio Martínez y Juan Fernández Bedoya, pero ambos fallecieron.

Los ex jueces se encuentran procesados por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de los secuestros de 8 trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de Formosa, de los cuales tres permanecen desaparecidos.

Las víctimas eran empleadas en diferentes áreas de la justicia provincial y muchas de ellas integraban la Asociación Judicial de Formosa. Fueron secuestradas entre agosto y octubre de 1976 y llevadas a los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Destacamento Policial de San Antonio, denominado también como “La Escuelita”, y en el Regimiento de Infantería de Monte 29.

Mientras estaban secuestradas y desaparecidas, las personas fueron cesanteadas por los miembros del Tribunal Superior de Justicia por no concurrir a su trabajo.

Según se pudo reconstruir en la investigación, los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Formosa recibieron informes del jefe del Área Militar 234 en que asumía responsabilidad sobre las detenciones ilegales y omitieron corroborar la legalidad de esas privaciones de la libertad y las condiciones en las que fueron mantenidos cautivos.

El impulso enérgico de estas causas, en particular en las que se investiga la responsabilidad de actores civiles, son una de las prioridades del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad que promueve la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En los últimos días, la Secretaría se presentó como querellante en diferentes causas en las que se detectaron demoras, como ocurre en Mendoza, en la causa que investiga a Franco Reverberi, ex capellán del Ejército durante la última dictadura cívico-militar en San Rafael o en Santa Fe, con la causa en la que está procesado el ex juez federal de Rosario Guillermo Ernesto Tschopp y desde febrero hay pedidos de indagatorias pendientes sobre un ex secretario de su juzgado y dos ex fiscales federales.