La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación manifiesta su indignación frente a un nuevo hecho de hostigamiento por parte de autoridades políticas y judiciales de Jujuy contra la dirigente social Milagro Sala, internada por un grave problema de salud.

En el día de hoy, mientras continúa recuperándose de una trombosis en una clínica, Sala fue víctima de un trato cruel, inhumano y degradante cometido por una auxiliar de la justicia provincial, que actuó por indicación del juez de ejecución Emilio Cattan.

En efecto, de acuerdo con lo denunciado por sus abogados defensores, la oficial notificadora zamarreó a Sala para despertarla y, tras recibir la cédula, la dirigente social quedó conmocionada, algo que justamente sus médicos habían pedido evitar ante su situación de salud.

Más allá del contenido irregular de la sentencia que se procuraba notificar, lo cierto es que esta actuación judicial es ilegal y arbitraria y demuestra el especial ensañamiento con la dirigente social. Ninguna urgencia justificaba practicar la notificación en su lugar de internación y mucho menos despertarla bruscamente, toda vez que la resolución judicial ya había sido entregada en su domicilio y a sus abogados defensores.

Este proceder judicial, que desconoce cualquier tipo de límites constitucionales, evidencia el sometimiento del Poder Judicial local a los caprichos del gobernador Morales y nos remonta a las peores prácticas de la justicia dictatorial, cuando era utilizada como parte del poder represivo del Estado.

Recordamos que Sala está detenida arbitrariamente hace casi 7 años, que está siendo perseguida penalmente en una decena de causas sin las garantías del debido proceso y, por ello, es beneficiaria de una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó proteger su integridad física y psíquica.

A partir de esta internación y del creciente hostigamiento por parte de las autoridades provinciales, la Corte IDH pidió informes al Estado argentino sobre su salud y sigue con atención su situación.

Las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con esas medidas de protección ya que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino.