Durante su exposición, Garavano señaló que “es necesario un código que dé respuesta a los problemas de la gente”. Asimismo, escuchó la inquietud de los legisladores respecto de la necesidad de compatibilizar los proyectos enviados por el Ejecutivo y los que ya se manejan en el seno de ambas cámaras.

El titular de la cartera resaltó que “es una oportunidad histórica poner en marcha en nuevo código procesal penal” cuya implementación será gradual y conllevará cuatro años y agregó que “el Gobierno sigue una política de Estado que inició la gestión anterior para avanzar hacia el sistema acusatorio”.

El proyecto de reforma introduce la palabra “Federal” a su nombramiento porque se enfoca en introducir nuevas herramientas en los procesos penales de los delitos de criminalidad organizadas como el narcotráfico o el lavado de dinero, de competencia federal.

“El primer punto que es central es que el nuevo código sirva para la Justicia federal para ir disminuyendo la delegación de funciones que tienen varias juzgados provinciales. Por eso, preferimos optar por cambios específicos del código procesal manteniendo el espíritu del sistema adversarial (o acusatorio) y mantener la lógica del sistema”, enfatizó Garavano ante legisladores nacionales en el Salón Illia del Senado.

Previo a hacer un repaso de las innovaciones de la reforma, Garavano agradeció al Congreso la “seriedad en el tratamiento de temas cruciales para la población en una época de transición”, al tiempo que manifestó que “hay necesidades inmediatas de la sociedad” y “nuestro desafío es responder a las demandas de la mejor manera posible sin condicionamientos políticos coyunturales para sacar un proyecto de sistema penal que de respuesta a la gente”.

El titular de la comisión bicameral, el senador del Frente para la Victoria, Rodolfo Urtubey, destacó que “el proyecto modifica aspectos que hacen a la seguridad de la población”. En tanto, explicó que hay inquietud de los legisladores para compatibilizar con otros que ya están presentados. “Hay que hacer un esfuerzo de compatibilización con normas como el arrepentido, y hay que encontrar el mejor proceso de implementación del nuevo código”, agregó.

Por su parte, Ricardo Gil Lavedra expresó su deseo por una “implementación eficaz” ya que “nunca hemos tenido un sistema de enjuiciamiento de avanzada porque siempre fuimos atrás de los acontecimientos”.

“Las reformas apuntan a federalizar el código en el marco del traspaso de la justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires. Apuntan a las técnicas de investigación según estándares internacionales de la ONU y Europa que tienen que ver con los delitos complejos, federales”, cerró.

Estuvieron presentes los senadores Pedro Guastavino, presidente de la comisión de Justicia y Omar Perotti del Frente para la Victoria (FpV); y los radicales Silvia Elías de Pérez, Alfredo Martínez y Ángel Rozas, entre otros. Así como los diputados, Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos; Julio Raffo, de Proyecto Sur y Diana Conti, del FpV. En tanto, también estuvieron en la presentación funcionarios del ministerio: Martín Casares, subsecretario de Política Criminal; Carlos González Guerra, Director de Política Criminal; Santiago Otamendi, secretario de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, asesor del Programa Justicia 2020, y Juan José Benitez, jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Política Criminal, entre otros.

Reformas planteadas

El ministro explicó algunos de los alcances de la reforma procesal penal como las nuevas medidas de investigación, la efectividad de los procesos o modificaciones al juicio abreviado.

Destacó el apartado que busca fortalecer el rol de la víctima, las técnicas de investigación para los delitos federales como la entrega vigilada o así como la inclusión de la responsabilidad de las personas jurídicas. En este sentido, dijo que en nuestro ordenamiento penal “no había normas procesales y que la coacción contra personas jurídicas es algo que faltaba”.

Garavano expresó: “Creemos que la ley ayuda a resolver casos más rápidos y genera acuerdos de juicios abreviados y demás”.

Sobre la implementación del nuevo código que privilegiará la oralidad en los procesos, el ex fiscal general porteño explicó que una visión “optimista es realizarla en 4 años empezando por Salta, para luego para llegar a distritos más poblados como la provincia de Buenos Aires”. En Chile, tardaron 6 años, y en México 8, agregó.

En esa línea, ejemplificó que en Córdoba “una sala llena de papeles archivados pudo ser convertida en un lugar de atención a las víctimas”. Anticipó que tanto el Ministerio como el Consejo de la Magistratura de la Nación “ya están relevando lugares para reemplazar papeles por personas en el marco de un proceso que será netamente oral”.

Respecto de la reforma de la ley de flagrancia, señaló que puede servir para resolver los casos rápidos, y se circunscribe a la “lógica del nuevo sistema acusatorio”, y en esa línea “convocamos a una reunión interpoderes, entre la Corte, el Consejo de la Magistratura, las cámaras, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso, para revisar todas las cuestiones necesarias para hacer una implementación eficaz”. Asimismo se le pidió a la Secretaría Legal de la Presidencia que demore unos días para hacer los ajustes correspondientes para su implementación.

Por último, se informó a los legisladores y funcionarios que la Escuela judicial que depende del Consejo de la Magistratura de la Nación ya empezó la capacitación del nuevo sistema acusatorio a los operadores judiciales. Se realizará en nueve sedes donde hay inscriptos 382 alumnos entre magistrados, empleados, defensores, fiscales y miembros de fuerzas de seguridad. Se empezó pro Salta, primer región donde se implementará el nuevo código, y se seguirá por Comodoro Rivadavia, Orán, Rawson y Esquel.