Laura Alonso, titular de la OA, destacó que “esta es una conversación que los invita a ustedes a contribuir a la propuesta final. Además, esperamos que esto ayude a que las siete provincias que aún no tienen Ley de Ética Pública avancen en la materia”. Y agregó: “para nosotros una implementación efectiva es muy importante”.
Por su parte, Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional, afirmó que “no es casual que hoy discutamos la necesidad de una reforma de la Ley de Ética Pública. Es una demanda de la sociedad que está elevando los estándares de transparencia y ética. La vieja Ley ha sufrido incumplimientos parciales y retrocesos en la propia norma. Contemplaba vacíos. Hoy tenemos que tener en cuenta las nuevas herramientas con las que contamos”.

Entre los participantes estuvieron: Martín Casares, Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y DDHH; Alberto Gowland, Síndico General de la Nación; María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; Ricardo Franceschelli, Secretario de la Secretaría Legal; Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior; Luis María Ferella, titular de Oficina de Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires; Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales; la diputada Silvia Lospennato; la senadora Silvia Elías de Pérez; Hugo Wortman Jofre y Pablo Secchi de Poder Ciudadano; Renzo Lavin de ACIJ; Alfredo Popitkrin de Contadores Forenses; Carlos Rozen de la Asociación de Ética y Compliance;Martin Böhmer, Director Nacional de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Justicia; Fernando Frávega, Director Ejecutivo del Colegio de abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Bárbara Weinschelbaum, secretaria Letrada de Presidencia del Consejo de la Magistratura; Agustina De Luca, Directora General de la Fundación Directorio Legislativo; Gonzalo Diéguez de CIPPEC; Ernesto Lucchelli, subprocurador del Tesoro de la Nación; José Ipohorski del Ministerio Público Fiscal; Andrés Knobel de Tax Justice; Juan López, Diputado, María Oneto, Síndica General Adjunta; Rosario Pavese, Open Government Partnership, asesores de la diputada Carla Carrizo, el senador Federico Pinedo, entre otros.

Principales cambios propuestos por la OA:

Conflictos de intereses
• Se establecen estándares más estrictos y obligaciones adicionales para los funcionarios de mayor jerarquía, regulándose –particularmente-la tenencia accionaria en empresas sujetas a su control y regulación.
• Los diputados y senadores deberán comunicar ante la Cámara sus intereses particulares que tengan vinculación con las cuestiones que deban ser tratadas en el recinto.

Autoridad de aplicación
• Se prevé la creación de una autoridad de aplicación para cada poder del Estado y el Ministerio Público fiscal. Actualmente sólo tiene el Poder Ejecutivo (la OA).
• Se establece que la conducción de las autoridades de aplicación estará a cargo de un funcionario designado mediante un procedimiento de selección público, abierto y transparente que garantice su idoneidad.
• La OA tendrá autonomía funcional y será autárquica en su presupuesto. Su titular será elegido a través de un mecanismo público y tendrá un mandato que durará 5 años.

Declaraciones Juradas
• Los funcionarios de mayor jerarquía deberán presentar información adicional que permita una adecuado control de sus vínculos personales y profesionales (nombre de padres, hijos mayores y hermanos, socios comerciales y profesionales -actuales y de los últimos tres años-, cotitulares de sus bienes, etc.).
• Al funcionario que incumpla con la presentación de su DDJJ inicial o anual se le retendrá el 20% de sus haberes. Quien adeude una presentación al momento de cesar el cargo no podrá volver a la función pública durante 5 años. A través de una consulta pública online y una Mesa de Trabajo, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete comienzan el debate de los principales ejes de una reforma a la Ley de Ética Pública. La propuesta es un cambio integral a la normativa vigente, adaptándola a las nuevas necesidades, herramientas y tecnologías disponibles.