La Oficina sostuvo que “una nueva postergación del inicio del juicio de un gravísimo caso de corrupción administrativa como el que aquí se ventila rayaría con un injustificado incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino de proceder al efectivo juzgamiento y dictado de fallo en casos de corrupción, tal como se obligó al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (art. 30), aprobada por ley 26.097”.

En la presentación la OA planteó que el inicio del juicio oral asegura a los imputados su derecho a tener un pronunciamiento judicial ante la ley y ante la sociedad.

La remisión a la Corte Suprema de la Nación de la causa no debería comprometer el trámite de la misma “teniendo en cuenta que el escollo puede ser fácilmente superado a partir de que la causa principal se encuentra escaneada íntegramente, se deja expresamente solicitado al tribunal que arbitre los medios para que la elevación de las actuaciones a la Corte no suponga una nueva postergación del debate, y que éste se inicie el próximo 21 de mayo de 2019, tal como está previsto”.

El pedido de la querella se fundamenta “en el principio procesal que señala que las cuestiones incidentales no deben paralizar el trámite de la causa principal (art. 340, 452 y concordantes del C.P.P.N.), tanto más si se atiende a la naturaleza de las cuestiones planteadas, que giran en torno a agravios relativos a la admisión o rechazo de prueba para el debate, cuestión que en principio resulta discrecional del tribunal”.

La OA continúa trabajando activamente en esta causa rechazando diversos planteos de las defensas .

Cuando la Oficina presentó su requerimiento de elevación a juicio en esta causa, resaltó que la ex presidenta de la Nación “continuó con las acciones de su antecesor, Néstor Carlos Kirchner, de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de elevados recursos económicos que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional”. Además, la OA señaló que “Fernández mantuvo la estructura institucional que había montado Kirchner con distintas personas de su confianza, que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en el manejo de la obra pública vial”. De esta forma, la ex mandataria “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo su responsabilidad”.