La Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción (OA) presentó los objetivos, avances y primeras acciones para el diseño del registro de integridad y transparencia de Argentina.

En la apertura del encuentro, Félix Crous, titular de la OA, destacó los desafíos de la articulación entre los organismos de la administración pública y los distintos sectores de la sociedad, e invitó a todos a “una iniciativa colectiva para instalar una herramienta de prevención”. Agregó que se trata de una “herramienta ágil y amigable, en donde las organizaciones y las empresas podrán dar prueba de los avances, de sus programas de integridad y de aquellos aportes al mejoramiento del desempeño gerencial. El desafío es transformarnos en promotores de este tipo de herramientas para las empresas”.

Por su parte, Luis Villanueva, subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, explicó que el RITE “es una iniciativa colectiva, que se construye entre el sector público, privado, organizaciones intermedias y academia”, que “aspira a robustecer los programas de integridad”. En ese sentido, detalló que la puesta en marcha implica una “instancia de relevamiento sobre lo que hay en las empresas, que dará cuenta de las políticas y acciones, para, entre todos y todas, apoyar a que las empresas y entidades logren mejores programas de transparencia”.

“Pretendemos generar incentivos con la voluntad de que las empresas quieran participar por los propios beneficios que puedan generarse también en el ámbito privado”, expresó Villanueva.
El objetivo del registro es contribuir al desarrollo, mejora y madurez de los programas de integridad mediante la generación de incentivos, el intercambio de buenas prácticas y la realización de actividades formativas.

Se trata de una iniciativa colectiva para prevenir la corrupción impulsando el desarrollo de los programas de integridad en las organizaciones y la adopción de la plataforma digital, que propone la articulación con organismos, empresas y organizaciones intermedias para el diseño del registro de integridad y transparencia para empresas y entidades.

La actividad contó con las exposiciones de María Eugenia Bereciartúa, titular de la ONC; Rodrigo Luchinsky, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia; Mariana Regueira, supervisora de Ética y Compliance en AHK Argentina; Gonzalo Dieguez, director de Gestión Pública en CIPPEC; y Flavio Fuertes, coordinador de Pacto Global Argentina.

María Eugenia Bereciartua se refirió a cómo desde su organismo trabajan con las compras estatales: “Un proveedor puede mejorar la calidad de lo que ofrece si cuida la integridad de su propio negocio”, sostuvo. Para la funcionaria, es fundamental tener herramientas para que “desde el Estado podamos lograr que se cuiden todos estos estándares que son los que el mundo también está observando”, y agregó que “las empresas que se sumen (al RITE) van a demostrar que quieren tener negocios éticos y transparentes”. Al finalizar, resaltó que es fundamental que varios organismos estatales trabajen en “mirar la calidad de los proveedores”.

Rodrigo Luchinsky, en su exposición, dio cuenta de que “un contexto de integridad más elevado, principalmente sube la vara y mejora el contexto de negocios en toda la economía. Desde ese punto de vista, equipara las condiciones de concurrencia”, y añadió que “nos obliga a abandonar el enfoque reactivo de nuestros organismos, frente a un enfoque preventivo”.

A su turno, Mariana Regueira Corti explicó que “hay que entender al RITE como una política pública para fortalecer la prevención de la corrupción y despertar el interés del sector privado y la sociedad civil”. Comentó también que la norma es complementaria con otras, y destacó su carácter inclusivo y federal “que por su alcance y formato tiene que ver con transversalizar la transparencia en otras áreas del Estado”.

Respecto a los desafíos que tiene el registro, Gonzalo Diéguez planteó el eje de la sustentabilidad: “Ver cómo desde el Estado el RITE empieza a configurarse en una suerte de plataforma que promueva instancias de coordinación, es algo que requiere de un proceso de construcción bien complejo a lo largo del tiempo”, y en esta línea, Diéguez expuso que se trata del “puntapié inicial para poner sobre la mesa problemáticas en común con la lógica constructiva”. A su vez, hizo foco en que “la instancia de coordinación y de trazabilidad de información es otro de los grandes desafíos sobre todo con la sustentabilidad”.

Para Flavio Fuertes las empresas deben gestionar en conjunto la sostenibilidad y la integridad: “Proponemos a las empresas que los derechos humanos, los asuntos ambientales y los laborales tienen que ser parte de la agenda de integridad”, explicó. “El RITE ayuda a una cultura de organización de incorporar el enfoque de integridad y transparentar qué actividades tienen un impacto positivo o negativo sobre los grupos de interés”. Al finalizar, sostuvo que “el sector público debe cumplir con su trabajo y el sector privado tiene que entender que su rol es mucho más amplio”.

El encuentro virtual, que se realizó durante la mañana del 27 de abril, reunió a más de 270 referentes del ámbito académico y del sector privado, representantes de cámaras empresarias, embajadas, funcionarios del gobierno nacional, provincias y municipios, y miembros de la sociedad civil. También estuvo presente la red de enlaces de integridad, el consejo asesor y la mesa de gobierno abierto, entre otros.

Sobre RITE

El registro de integridad y transparencia para empresas y entidades tiene como propósito contribuir al desarrollo, mejora y madurez de los programas de integridad, al intercambio de buenas prácticas y a promover ambientes transparentes en negocios y mercados.

Mediante una plataforma digital, el registro buscará sumar esfuerzos que propicien un entorno adecuado para el desarrollo de negocios éticos y un relacionamiento público-privado basado en la confianza y el interés común. A su vez, colaborará con la implementación efectiva de la Ley 27401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas permitiendo mejorar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma para la contratación con el Estado, así como el conocimiento y evaluación por parte de las oficinas públicas de los programas de integridad.

La creación del registro cuenta con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) quien colabora en el diseño e implementación de políticas de transparencia e integridad en la gestión pública.